Numerosos incumplimientos en las estaciones de subtes sobre las condiciones accesibilidad para personas con movilidad reducida fueron comprobados por la Defensoría del Pueblo porteña. La investigación puso en evidencia un conjunto de irregularidades que cuestiona el rol del Estado local y nacional, y la gestión de la empresa involucrada.
Entre los puntos salientes del informe se destacan:
De las 76 estaciones de subte, apenas 15 son accesibles para personas con discapacidad, es decir 19% del total.
Al no concretarse la transferencia de los servicios de concesión al Gobierno de la Ciudad, existe una dualidad en cuanto al órgano de aplicación que conspira contra el control del cumplimiento de los contratos de concesión.
Las obras de accesibilidad que se ejecutan no tienen un contralor efectivo por parte de los organismos encargados de fiscalizarlos.
Metrovías aplica las prescripciones técnicas de las normativas, en forma parcial o incorrecta, o las desconoce y estima que cumple con la ley, como en el caso de los andenes del Premetro.
Los ascensores y otros equipos electromecánicos para circulación vertical de pasajeros no son controlados por el Gobierno de la Ciudad.
sta situación constituye una violación, tanto de la legislación nacional como de la internacional que tutela la igualdad de oportunidades y de trato de la población con movilidad reducida, en la que se ve involucrada la actuación de los funcionarios por no garantizar la inclusión de este sector, sobre todo cuando el Estado cuenta con los recursos económicos y normativos necesarios.
La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, exhortó a las autoridades nacionales y locales que provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes y solicitó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que fiscalice el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías.
Por su parte, solicitó al presidente de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, Jorge Irigoin, que informe el cronograma de obras de accesibilidad realizadas y previstas, y exija a la empresa Metrovías el cumplimiento de las obras pendientes, la corrección de los trabajos defectuosos y el reestablecimiento de los servicios de ascensores sin funcionamiento.