OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PAUTA – 2º
por Pedro D’Alessandro
Publicidad oficial, libertad de expresión y ciudadanía
La distribución de la pauta se ha transformado en una amenaza para la
libertad de expresión. Los gobiernos han aceitado un mecanismo millonario para reemplazar información pública por propaganda política. El proyecto no garantiza transparencia.
En los últimos tiempos, en América Latina, la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria oficial se ha transformado en una de las más serias amenazas a la libertad de expresión. No es casual que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA haya señalado a la asignación arbitraria de recursos públicos como una de las formas de censura indirecta en su agenda de desafíos emergentes, a tono con la prohibición de estos mecanismos en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por cierto que la fórmula de premiar a los medios condescendientes o “leales” y castigar a los críticos no es nueva, pero en los últimos años los gobiernos de todo color político han consolidado un aceitado mecanismo que sustituye información pública por propaganda a través de un aparato millonario, que ha derivado en una competencia indebida para los estándares de la democracia moderna.
Esta práctica ha generado un clima de presiones sobre los medios de comunicación que, en muchos casos, terminan reemplazando calidad profesional y ética periodística por la publicación de gacetillas e información oficial. Así, periodistas y analistas políticos se convierten en portavoces del gobierno de turno dejando de lado su rol frente a la sociedad. A través del monitoreo de la libertad de expresión que tiene Fopea, con corresponsales en todo el país, se ha detectado cómo la publicidad oficial restringe el rol del periodismo en todas las provincias. Por supuesto que no es la única limitación: la publicidad privada muchas veces también es un vehículo de censura.
Como señala la periodista María O`Donnell en el libro “Propaganda K”, la ausencia de normas legales y éticas en el manejo de la pauta oficial alienta la corrupción y favorece el uso de los fondos del Estado para financiar campañas de publicidad oficial de manera arbitraria, que sólo buscan réditos electorales para el candidato o partido de gobierno.
Estos modos, que se reproducen a escala en los distintos niveles de gobierno local, exigen de inmediato marcos legales que regulen el manejo de los fondos públicos para este fin, determinen estrategias racionales para adjudicarlos y fijen límites en sus montos con criterios claros y conocidos por todos. Esta normativa debería abarcar también a los entes descentralizados, a los poderes judicial y legislativo y a las empresas estatales, así como contribuir a transparentar la relación con los medios. Entre otras condiciones, por ejemplo, para recibir publicidad oficial, sus propietarios deben cumplir con todas las leyes laborales y obligaciones impositivas.
Además de la aprobación de una norma, hay que tener en cuenta su real aplicación. Poco aportan las leyes o regulaciones que no son producto de una genuina demanda y de un proceso de consenso. La fallida experiencia de regulación de la publicidad oficial en la provincia de Tierra del Fuego así lo demuestra. La gobernadora Fabiana Ríos sorprendió a propios y extraños cuando en febrero de 2008 firmó un decreto pionero en la materia. Pero luego, la gobernadora alteró la iniciativa original mediante otros dos decretos, lo que derivó en un retroceso de un mecanismo que originalmente proponía a la publicidad oficial como instrumento de difusión de acciones de gobierno, y que se ampliaba a la consolidación de los principios constitucionales, a fomentar la preservación del medio ambiente y a promocionar los derechos de consumidores y usuarios, entre otros. En un artículo del reciente Anuario 2009 de Fopea el periodista fueguino Adrián Camerano señaló que “quedó demostrado que las normas administrativas o legales de avanzada no son efectivas si no son producto de la demanda social”.
Toda ley que se proponga regular esta materia es saludable. Pero debería adecuarse a los estándares recomendados por organismos internacionales, con instrumentos que garanticen la mayor transparencia posible en los mecanismos de adjudicación y control de estos fondos millonarios.
El proyecto que estaría por aprobarse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura porteña no parece seguir este camino.
De acuerdo a lo establecido por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, los marcos legales sobre asignación de recursos públicos para publicidad oficial deben ser precisos, impedir la discrecionalidad y no ser arbitrarios. De lo contrario, son iniciativas que atentan contra la libertad de expresión, ya que afectan no sólo a medios y periodistas, sino fundamentalmente a los ciudadanos, principales destinatarios de este derecho humano.
* Director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino
*para ver la nota completa publicada en el diario Crítica de la Argentina:
ww.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=33664