hallan solución para las pilas de la discordia
SE PUSIERON LAS PILAS
por Veronica Smink*
Todo empezó como una propuesta ecológica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en noviembre de 2008 la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público lanzó la primera campaña de recolección de pilas y baterías agotadas de la capital argentina.
Los fabricantes ser harán cargo del reciclaje de diez toneladas de pilas.
La iniciativa tuvo un enorme éxito y en el lapso de nueves meses se logró recolectar 700.000 unidades de tamaño AA y AAA, equivalentes a diez toneladas.
El problema surgió a la hora de buscar deshacerse de los residuos tóxicos.
El plan del gobierno porteño era llevar las pilas a un relleno de seguridad en la provincia central de Córdoba, pero las autoridades cordobesas se negaron. Lo mismo ocurrió cuando se intentó llevarlas a la provincia de Buenos Aires.
El llamado a que las empresas productoras e importadoras de pilas se ocuparan del problema no tuvo acogida.
Fue así que las pilas de la discordia quedaron almacenadas en un depósito, a la espera de un destino final.
Las cosas cambiaron cuando la organización medioambiental Greenpeace tomó cartas en el asunto y lanzó una campaña para obligar a los fabricantes de baterías a hacerse cargo del problema.
Ahora las empresas Duracell y Energizer, que representan el 90% del mercado de pilas en Argentina, anunciaron que se ocuparán del tratamiento de las diez toneladas de residuos.
Área gris
Yanina Rullo, de la campaña de residuos electrónicos de Greenpeace, dijo a BBC Mundo que en Argentina existe legislación contradictoria con respecto al tratamiento de pilas.
«Por un lado la ley nacional de residuos sólidos urbanos afirma que son basura común pero esto se contrapone con la ley nacional de residuos peligrosos que los considera una amenaza para la salud», señaló.
«Por un lado la ley nacional de residuos sólidos urbanos afirma que son basura común pero esto se contrapone con la ley nacional de residuos peligrosos que los considera una amenaza para la salud», señaló.
Para resolver esta «área gris» los ambientalistas están promoviendo un proyecto de ley de basura electrónica, que establece que los productores de baterías deberán hacerse cargo de su reciclado.
Según Rullo, el 90% de los materiales en una pila recargable y el 50% en una pila común, pueden ser reciclados.
Para Greenpeace, Argentina debería emular a la Unión Europea, Estados Unidos y otros países que aplican el concepto de «responsabilidad extendida del productor», que establece que sean los fabricantes, y no los gobiernos o las autoridades locales, los que se hagan cargo de evitar la contaminación que generan las pilas desechadas.
Hacerse cargo
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público mostró su acuerdo con esta visión.
(Es) hora de que las empresas se hagan cargo del ciclo de vida integral de las pilas.
Diego Santilli, ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires
A través de un comunicado enviado a BBC Mundo, el ministro Diego Santilli señaló que hubo «un cambio de política en relación al tema» y consideró que es «hora de que las empresas se hagan cargo del ciclo de vida integral de las pilas».
Se estima que cada día la Ciudad de Buenos Aires tira unos 700 kilos de pilas en los rellenos comunes de basura.
Según las organizaciones ambientales, al oxidarse estos dispositivos desprenden materiales tóxicos como mercurio, plomo, cadmio, zinc y dióxido de manganeso, que contaminan el suelo y las napas de agua.
En la actualidad, Argentina no cuenta con tecnología para reciclar pilas (algo que cambiaría si se aprueba el proyecto de ley de basura electrónica), por lo que Duracell y Energizer tendrán que trasladar las diez toneladas a sus centros de reciclado en el extranjero.
Para Rullo, se trata de un «buen precedente» que anticipa lo que ocurrirá una vez que se sancione la nueva ley.
El ministro Santilli señaló que en los próximos días convocará a las empresas para acordar «el mecanismo» para resolver el problema de las pilas recolectadas.
fuente: G.A.C.B.A y *BBC Mundo, Argentina
