UN ESCANDALOSO CASO DE CORRUPCIÓN
¡Alberto! Denuncian escandalosa estafa de San Luis a la Nación
La provincia de San Luis dispuso el pago de $ 285 millones por obras que la adjudicataria originaria se había comprometido a realizar por menos de la mitad. Justo cuando intenta emerger como un líder del Peronismo Federal, turbias maniobras complican la imagen de Alberto Rodríguez Saá con similares ‘vicios’ a los que él denuncia en el kirchnerismo: contratación directa y millonarios sobreprecios para empresas ‘amigas’.
Paradigmático caso de la construcción de 2 diques con recursos del Estado Nacional. Dicen que tras incumplir con la rescisión de mutuo acuerdo con las firmas que habían ganado la licitación, las denunció penalmente en los tribunales puntanos para impedirles auditar las obras.
(N. de la R.: Antes de la denuncia, 2 videos de Alberto Rodríguez Saá promocionándose como diferente a los Kirchner, y que ayudan a marcar los contrastes entre lo que parece y lo que es)
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). A partir del “recurso administrativo previo” presentado por la UTE Merco Vial S.A. – GCI S.A ante el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación, el miércoles 14/04, hubo quienes comenzaron a seguir con atención las contraciones en San Luis, en especial cuando la Provincia de los Rodriguez Saá lleva planteadas, sólo en los últimos 2 años, 18 causas contra el Estado Nacional en la Corte Suprema.
El caso que más llama la atención es el de las obras públicas de ejecución provincial pero con dinero de la Nación,
> ‘Presa Sobre el Río Claro. Aprovechamiento San Francisco. Departamento Ayacucho. Provincia de San Luis. Etapa II’; y
> ‘Presa Sobre el Río Quinto. Aprovechamiento Saladillo. Departamento Pringles. Provincia de San Luis. Etapa II’.
El contratista, que había ganado la licitación y fue desplazado por la Administración Rodríguez Saá, se ha presentado reclamando, según el expediente N° EXP-S01:128815/2010, daños y perjuicios por el incumplimiento de los pagos de rescisión suscriptos oportunamente.
A la vez, denunció el “empobrecimiento ilícito del Estado Nacional” y el “enriquecimiento ilícito de la Provincia de San Luis, de su empresa vinculada y de las terceras empresas que han sido contratadas directamente para la ejecución de las obras”.
A los sobreprecios, se agrega un daño al erario público de cerca de $ 60 millones, que son los que Merco Vial S.A. – GCI S.A., reclama por certificados no liquidados, indemnizaciones e intereses, al Estado Nacional como responsable del pago en virtud del acuerdo con la provincia de San Luis en la que se basan las obras.
En el escrito, la empresa perjudicada denuncia que las mismas obras se están realizando “por contratación directa a favor de UTES integradas por la empresa de gestión provincial, SAPEM, con sobreprecios del orden del 200%”.
La historia, los detalles
Todo comenzó el 28/09/2005, cuando la Nación, en un convenio firmado por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en el despacho del entonces presidente Néstor Kirchner, con el Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, se comprometió a aportar los fondos para dos emprendimientos hidráulicos, acueductos, embalses, diques o presas, a construir en la provincia en las localidades de Saladillo y San Franciso del Monte de Oro.
El acuerdo había sido negociado, como parte del pago pesificado de la Nación a la provincia, tras la sentencia desfavorable de la Corte Suprema a la demanda de San Luis, que reclamaba fondos en dólares congelados por el “corralito”.
En ese marco, San Luis eligió apoyar los dos emprendimientos citados y en el 2006 ganaron la licitación las empresas Merco Vial y GCI, en un procedimiento público, transparente y en competencia. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron los reclamos cruzados y la provincia dejó de pagar los certificados de obra.
Según se supo, la empresa adjudicataria ofreció finalizar el 100% de las dos obras contratadas “llave en mano” a un monto global único de $130.000.000 Pero la provincia no aceptó la propuesta.
La situación se tornó insostenible, por lo que en noviembre de 2008 ambas partes deciden firmar un convenio de desvinculación “de mutuo acuerdo sin culpa para ninguna de las partes”, por el cual el contratista le devolvía las obras inconclusas al Gobierno provincial y le dejaba materiales y maquinarias, a cambio de una indemnización que incluía los certificados adeudados por la construcción parcial de los diques.
Tras unos meses de incertidumbre, la provincia no pagó, incumplió en su totalidad el Acuerdo Marco de rescisión (que incluía la continuación de algunos trabajos) e inopinadamente resolvió volver a contratar la conclusión de las obras en forma directa, por más del doble del monto propuesto por los adjudicatarios.
“Durante más de un año estas empresas han reclamado a la administración provincial que se arbitrasen los medios y acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo Marco en los términos acordados. Y todo fue inútil”, señala el Recurso administrativo.
Los nuevos contratos se celebraron directamente con dos constructoras muy ligadas al poder puntano (Rovella Carranza y Green S.A.), que se presentaron asociadas a la empresa provincial de Infraestructura y obras públicas (SAPEM).
Según se desprende del escrito administrativo y las pruebas presentadas en el expediente, la obra de San Francisco fue contratada por un monto de $133.895.802,99 y la de Saladillo por un importe de $151.349.532.
Si reclama, marche preso
Por si faltaba algo para agotar la capacidad de asombro, poco después de la presentación del recurso administrativo por parte de Merco Vial y GCI en abril pasado, el gobierno de Rodríguez Saá denunció penalmente a la UTE por el incumplimiento de la construcción originaria comprometida en la licitación.
Todo esto, tal como se explicó, a pesar de haber firmado ante escribano público un acuerdo de rescisión “sin culpa de las partes” en el que le reconoció una indemnización que no pagó.
La manifiesta arbitrariedad tenía también otros efectos prácticos.
Aquél Acuerdo Marco del 11/11/2008, homologado 2 días después por Decreto N°6112-MOPel-2008, establecía un inventario y auditoría técnica y contable de control, lo que, curiosamente, se realizó luego de la entrega de las obras a los nuevos contratistas, excluyendo a Merco Vial y GCI.
Y, dado que la UTE reclamó por esa irregularidad en su presentación administrativa ante el Estado Nacional, la causa penal cerró a sus representantes la posibilidad de rever esa situación en la provincia.
La pregunta resultante es simple, considerando que los Rodríguez Saá abundan en acusaciones contra los Kirchner: ¿Por qué el Estado Nacional debe hacerse cargo de esta falta de transparencia del gobierno de la provincia de San Luis, de los sobreprecios, de los atropellos y de los daños por los que reclama la empresa que ganó la licitación?
No es, o no debería ser, así.
