Para Cristina Nazar, jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña, ocupar un espacio público y dividirlo en parcelas no es delito.
De esta manera, rechazó el pedido del fiscal de detener a seis personas imputadas de ser los organizadores de la toma del parque Indoamericano, en Villa Soldati, usurpación ocurrida en diciembre pasado. También solicitó el archivo de la causa.
«La cuestión traída a examen excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social que debe estudiarse y resolverse», afirmó la magistrada en su fallo, al que tuvo acceso La Nacion.
Durante la toma y el desalojo del parque Indoamericano, fueron asesinadas tres personas. Los homicidios son investigados por el fiscal de instrucción porteño Sandro Abraldes.
El fiscal general adjunto Luis Cevasco y la fiscal Claudia Barcia tuvieron a su cargo la investigación del presunto delito de usurpación. El 22 de febrero pasado llegaron a un dictamen y le pidieron a Nazar la detención de seis personas, imputadas de ser los organizadores de la toma y de amedrentar a testigos.
En el dictamen, Cevasco y Barcia solicitaron la detención de Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Ruejas, Berta Revilla, Alejandro Salvatierra, conocido por el apodo de «Pitu», y Antonio Chancalay.
«Se encuentra en principio acreditado que un grupo de 300 personas previamente organizadas ingresaron ilegítimamente de forma clandestina en el parque Indoamericano con fines de permanecer en el lugar, toda vez que comenzaron a dividir el predio en parcelas, ingresando enseres, colchones, efectos personales y elementos útiles para la construcción de viviendas precarias», afirmaron Cevasco y Barcia en su pedido de detención, al que tuvo acceso La Nacion.
A pesar de que en diciembre pasado había ordenado el desalojo del predio, ahora Nazar sostuvo que no hubo delito. «Se puede hablar de una ocupación indebida del espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación», afirmó la magistrada.
«Mamarracho»
El fallo de Nazar no fue bien recibido en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, se mostró indignado. «Lo de la jueza Nazar es un mamarracho. No tiene lógica porque esta misma magistrada había ordenado el desalojo. Este jefe de gobierno [por Mauricio Macri] defiende el espacio público, que es innegociable», dijo el funcionario.
Presti no descartó que el gobierno porteño haga una presentación en el Consejo de la Magistratura como manera formal de protestar por el fallo.
«Esperamos que los fiscales apelen», agregó Presti.
Cevasco adelantó que apelará el fallo y calificó la decisión de la jueza como absurda.
«Pitu» Salvatierra, uno de los imputados como organizadores de la toma del Indoamericano, fue la primera persona que habló en una conferencia de prensa en la Casa Rosada después de una reunión entre los gobiernos nacional y porteño y los ocupantes. Fue el 11 de diciembre pasado, el mismo día que la Gendarmería Nacional se desplegó en el predio.
Dos días después, en una entrevista con La Nacion, «Pitu» Salvatierra se identificó como un militante del espacio kirchnerista.
Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, también estuvo en la mesa de negociación en la Casa Rosada.
Revilla estuvo en la Casa de Gobierno como representante del barrio Los Piletones.
En su dictamen, Cevasco y Barcia sostuvieron: «Se encuentra acreditado el grado de sospecha requerido en esta etapa del proceso que Pérez Ojeda, Chancalay, Nardulli, Ruejas, Berta Revilla y Salvatierra tuvieron el dominio de los hechos, organizaron y movilizaron a los ocupantes para que el 6 de diciembre de 2010, de modo clandestino, y el 8 de diciembre de 2010, mediante violencia, usurparan el parque Indoamericano«.
Además de las detenciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal porteño pidieron los allanamientos de los domicilios de los imputados para secuestrar teléfonos celulares y computadoras que podrían facilitar información clave para la investigación.
Testigos atemorizados
Cevasco y Barcia fundamentaron sus pedidos de detenciones en las amenazas que recibieron testigos de la ocupación.
Explicaron que al momento de entrevistar a dos testigos, identificados como «señora Esperanza» y «señor Bonifacio», ambos se mostraron atemorizados al ser consultados sobre los presuntos organizadores de la toma.
Es más, la «señora Esperanza», de la Asociación de Vendedores Ambulantes del Parque Indoamericano, denunció haber recibido amenazas de muerte.
Según el dictamen fiscal, Margarita Barrientos, del comedor Los Piletones, afirmó que después de haber declarado que «el 80 por ciento de la gente que tomó el parque fue alentada por punteros políticos que le prometieron subsidios» recibió amenazas telefónicas.
«Las pruebas mencionadas en los párrafos precedentes y que se acompañan indican con claridad el grado de violencia que pueden ejercer las personas aquí imputadas y el temor que esto les provoca a los vecinos que pueden aportar pruebas relevantes para el juicio y/o declarar sobre los hechos investigados», sostuvieron en su dictamen los fiscales Cevasco y Barcia.
Pero como para Nazar no hubo delito, ordenó dejar sin efecto las órdenes de detenciones. Y solicitó al «Ministerio Público Fiscal el archivo de las actuaciones».
Mientras la investigación del presunto delito de usurpación seguirá su trámite en un tribunal de alzada, el fiscal Abraldes avanza en la pesquisa para dar con los asesinos de Rosemarie Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Alvarez, las tres víctimas que dejó la toma y posterior represión policial durante el desalojo del predio.
FUENTE: Gabriel di Nicola PARA LA NACION