La crisis habitacional porteña golpeó ayer las puertas del Instituto de Vivienda de la Ciudad y llenó de reclamos su sede central, cuando un centenar de daminificados del incendio de Villa Cartón, ocurrido en febrero de 2007, ocuparon durante dos horas el hall principal del organismo estatal porteño, para exigir que el gobierno de lac iudad les entregue las viviendas que tendría que haberles adjudicado en junio, septiembre y diciembre del año pasado.
La gota que desbordó la paciencia de los ex habitantes de Villa Cartón ocurrió el lunes pasado, cuando el primer grupo de adjudicatarios llegó a la sede del instituto para recibir la entrega y no pudo acceder a su vivienda.
La saga de esa decepción había comenzado el 11 de marzo, cuando el organismo presidido por Omar Abboud, entregó el primer listado de 100 familias. Allí estipularon que recibirían sus casas los días 14, 15, 16, 17 y 18 en grupos de 20 por día, sin embargo, cuando los damnificados firmaron los papeles de entrega, se encontraron con un documento que los comprometía a concurrir inmediatamente a ocupar sus casas.
El techo esperado, ordenado por la Ley Portela 1987 y fiscalizado por el juez contencioso y administrativo Roberto Andrés Gallardo, tiene domicilio en Castañares y Piedrabuena, a 100 metros de Lacarra y Cruz, donde estaba el asentamiento. El complejo, conocido como Proyecto Castañares fue construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la mano de obra que erigió sus 780 viviendas estuvo integrada por ex habitantes de Villa Cartón.
Cuando las primeras familias firmaron sus comodatos legales el lunes pasado y salieron del IVC para habitar su techo en Castañares, se encontraron con otro trago amargo. Allí les informaron que “no era posible ocupar las casas, porque todavía no tenían final de obra”. La noticia dejó sin aliento a la primera veintena de familias, que luego de recibir los cronogramas enviados por el IVC ya había abandonado las pensiones y lugares donde aguardaron pacientemente por más de dos años.
Ese mismo lunes, cargados de bolsos y acompañados por sus hijos, los jefes de familia que no pudieron entrar al complejo, resolvieron cortar el cruce de Castañares con la Avenida General Paz, en una protesta que pasó inadvertida para la prensa, pero no para el gobierno porteño, cuyos funcionarios entraron en pánico cuando notaron que al día siguiente se encontrarían con una segunda veintena de daminificados enfurecidos. Eso fue lo que pasó, hasta que todas las familias resolvieron tomar ayer el hall central del IVC ubicado en el 250 del Pasaje Carabelas, a una cuadra del Obelisco y detrás del Mercado del Plata.
“Estamos hartos del manoseo, llevamos casi cuatro años esperando y no tiene sentido que nos citen para una adjudicación que no existe. Ahora, no tenemos a donde ir y dejamos de pagar la pensión dónde estábamos porque estábamos seguros de que no habría más demoras”, contó a Tiempo Argentino, Ana Quiroga, una de las daminificadas que hasta el incendio, organizaba el Comedor La Misión.
El Instituto de Políticas Públicas de Proyecto Sur, encabezado por el diputado y candidato a jefe de gobierno Claudio Lozano, denunció antes de la toma del IVC, que ese organismo “suscribió el convenio a sabiendas de la imposibilidad de cumplir”. Algo que “supone una invitación lisa y llana a la toma del predio”, pero “las familias, pese a todo, no intentaron ingresar a sus casas”.
Cuando la indignación de los daminificados llegó al IVC, el juez Gallardo convocó a los familiares y propuso una mediación. En respuesta, el gobierno porteño se comprometió a extender los subsidios de asistencia habitacional hasta abril, fecha en la que estarían las viviendas terminadas.
Antes del incendio intencional, la Legislatura porteña sancionó la Ley 1987 y ordenó la construcción de viviendas para las 450 familias que vivían en ese asentamiento de Villa Soldati, pero desde el 9 de febrero de 2007, esas familias, en su mayoría integradas por trabajadores cartoneros, vivieron en carpas, hasta que murió una mujer a causa de una feroz tormenta que azotó el asentamiento.
Tras su destrucción, la comuna resolvió trasladarlos a un centro de evacuados ubicado en Parque Roca, sin agua potable, baños, ni atención médica.
La estadía en el parque de Villa Lugano terminó cuando murió un bebé, por falta de atención médica. Desde entonces, deambulan por las pensiones villeras de Soldati y Lugano, la zona de mayor hacinamiento de la Ciudad, según el Ministerio de Desarrol lo Urbano. Ninguno de los consultados por este diario pudo entender la razón de “tanto manoseo”, pero todos cargan la responsabilidad en el IVC, que tiene los presupuestos aprobados para la construcción desde hace tres años. De hecho, los departamentos fueron inaugurados por la presidenta Cristina Fernández el 10 de febrero.
Fuente: Tiempo argentino