Si su consumo no pasa de los 500 m3 anuales, habrá detectado algunas novedades, como la leyenda «CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL», que no estaba incluida en anteriores emisiones para esta categoría de usuarios. También aparece discriminado cuál es el monto al que asciende el subsidio, resaltado justo antes del «Monto Total a pagar».
La nueva factura también incluye el polémico cargo denominado «COSTO GAS IMPORTADO». Se trata de un impuesto establecido en 2008 mediante el decreto 2067 y que generó el rechazo de los usuarios. La medida generó tal inconveniente que tiene su capítulo en la Justicia, que determinó su inconstitucionalidad, aunque resta resolver la cuestión de fondo.
En 2009, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un fallo de 1ra instancia que no hizo lugar al pedido de una medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación, por la que pidió se declare la nulidad del decreto, entre otras resoluciones.
En 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la norma dictada por el Poder Ejecutivo nacional. En primera instancia, el Juzgado Federal Nº 1 de Salta hizo lugar a la acción y concluyó que el cargo específico creado por el decreto 2067/08 tiene naturaleza tributaria y que, por ello, la facultad de imponerlo correspondía exclusivamente al Poder Legislativo.
Sin embargo, el Gobierno Nacional insiste con cobrar este cargo cuyo objetivo es financiar las crecientes importaciones de gas. Antes era el Estado el que se encargaba de pagar las facturas por el fluido que compra a Bolivia o a través de buques de GNL. Pero con el recrudecimiento de sus problemas fiscales y de dólares, ahora el Ejecutivo redirecciona esa responsabilidad a los usuarios.
Según datos del Indec, durante el período enero-noviembre se fueron del país US$8.678 millones en concepto de importaciones energéticas, impulsadas principalmente por las compras de gas, combustibles líquido y electricidad. En 2011 la balanza comercial del sector cerrará con un déficit estimado en US$3.000 millones. Se trata además del 1er balance negativo en más de 2 décadas.
No obstante el usuario (de cualquier categoría de consumo) puede optar por no pagar el cargo extra, dadas las resoluciones de la Justicia y como lo recomiendan algunas asociaciones de defensa del consumidor. La misma factura de Metrogas incluye al pie de la misma una aclaración que indica: «Si esta factura incluye el Cargo Dec. 2067/08 y Ud. decide no pagarla sin el mismo […] deberá acercarse a nuestras oficinas comerciales a para realizar el trámite correspondiente».
En el detalle de la factura no se específica que el cargo «COSTO GAS IMPORTADO» corresponde al dispuesto por tal decreto, lo que podría generar confusión en los usuarios. Pero desde el Enargas respondieron que se trata del mismo.
Desde el ente regulador también confirmaron que en caso de que la cuestión de fondo se resuelva a favor de la aplicación del cargo quienes no lo pagaron deberán abonarlo de forma retroactiva en forma de cuotas en las sucesivas boletas.
Esto también se especifica al pie de la factura de Metrogas: «De abonar esta factura sin el cargo, el pago a realizar tendrá carácter de pago a cuenta, quedando pendiente de cancelación hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo en la Justicia, pudiéndose reclamar el saldo impago en caso de confirmarse la aplicación del Cargo».
Desde el Enargas también aclararon a este medio que si bien el usuario tiene la posibilidad de eludir el pago de este impuesto, el mismo quedaría neutralizado por el subsidio.
No obstante, ya hay muchos usuarios que renunciaron al beneficio, mientras que a otros tantos se les retiró por pertenecer a barrios de alto poder adquisitivo. En el futuro el resto de los usuarios del servicio de gas recibirán una carta para confirmar que desea mantener la subvención.
Al margen del subsidio, el usuario puede decidir no pagar por este cargo para la importación de gas que, hasta el momento, la Justicia ha considerado inconstitucional.
Oscar Molina