Desde hace mucho tiempo en las ciudades o sus proximidades, con diferente intensidad y de diversas formas, grupos de personas emprenden actividades comerciales ocupando espacios públicos en algunos casos, y en otros, ensayan formatos de ferias o mercados temporales al aire libre o en galpones o locales nada preparados para tal fin.
Si bien estas modalidades son de larga data en nuestro país, la descomunal crisis económica del 2001 potenció para muchos el oportunismo como única forma de subsistencia y todos los argentinos lo practicamos por un tiempo hasta que en alguna medida se fueron reencausando las cosas.
Podría intentar una evaluación económica más pormenorizada de los hechos de aquel entonces pero solo destaco la desaparición de la moneda nacional cono elemento de cambio, la destrucción de miles de empresas Pymes nacionales y la aniquilación de cientos de miles de puestos de trabajo, en un escenario de crisis política como no hay antecedentes.
Con el tiempo y el desinterés de los funcionarios, estas modalidades se han configurado en un nuevo estilo de actividad económica comercial cuyas principales características es la dispar ventaja competitiva de la mano de:
a) la usurpación del espacio público en lugares con afluencia garantizada y constante de personas, bajo la protección de los malos funcionarios municipales o policiales
b) la violación sistemática de toda norma regulatoria de la actividad comercial, industrial, impositiva y laboral, conformando así una estructura de costos que solo contempla insumos y mano de obra informal (esto pone al fabricante informal en ventaja contar el productor formal)
c) la existencia de una corporación que permite que toda esta producción informal llegue al consumidor, merced a una red de distribución también informal ( reventa)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta modalidad conocida en los últimos tiempos como “manteros”, es la que se ha multiplicado infinitamente en la ocupación de espacios públicos (calles, plazas y parques) y en la apertura de nuevas saladitas (locales comerciales -habilitados con algún artilugio- transformados en ferias con puestos de alquileres temporarios que supuestos productores ocupan con un stock de mercadería a precio de liquidación. Los informes de FECOBA-CAME que se elaboran mensualmente dan cuenta de la gravedad del problema, pero lo que vemos a diario en la via pública, parques y plazas de la ciudad es solo la resultante de una modalidad comercial aprovechada por explotadores y oportunistas. Los dirigentes politicos, -haciendo una lectura equivocada del problema-, se montan en un discurso tolerante y populista para ocultar su incapacidad de generar desarrollo para todos los ciudadanos argentinos o no, que solo buscan el bienestar de sus familias con el esfuerzo cotidiano y el trabajo formal.
Los funcionarios que dicen desconocer que detrás de la venta ilegal y de la necesidad de miles que no tienen oportunidad de entrar a un trabajo formal se esconden grupos de aprovechadores, ademas de condenar a miles a trabajar por monedas -sometidos por negreros inescrupulosos-, ayudan a :
a) adulteración de Marcas
b) incumplimientos de normas de seguridad e higiene
c) contrabando y competencia desleal
d) trabajo en negro
e) talleres clandestinos
f) evasión impositiva
g) ocupación ilegal del espacio público
h) violación de las leyes laborales
i) pauperización del sistema de sanitario, educativo y de seguridad
j) violación de los derechos laborales de los comerciantes legalmente instalados
k) violacion de las normas de convivencia en una comunidad organizada.
Si la tolerancia es administrativa o de los cuerpos legislativos, o, de funcionarios judiciales; lease ESTADO, debería ser esta soportada a traves de programas de desarrollo o de ayuda a las familias afectadas y de ninguna manera delegada en cabeza de un particular tercero comerciante, cuya sola selección se vuelve y torna absolutamente discriminatoria, ya que así se desprende que es el comerciante afectado por la venta ilegal al que se obliga a pagar la “supuesta pobreza de todos esos manteros” y no toda la sociedad a través del Estado -que es el que de hecho permite y tolera-. Es una cruel locura pretender que un grupo de personas sea el “seleccionado” para solventar un problema social de semejante envergadura. De esto ocurrir, sin duda llevarán a todos estos “elegidos” a la quiebra sin remedio, atento a que no podrán soportar esa carga social. Es un hecho que hay comercios que ya están arribando a su inevitable final por todo lo expuesto.
Para algunos podrá esta ser una nota más de opinión, pero lejos de ello está lamentablemente. Esta no es ya una cuestión de grises; aquí la cosa es blanco… O NEGRO…
Al mismo tiempo, Comerciantes, Industriales y Profesionales Asociados, Comerciantes de la Comuna 8, FECOBA y CAME exigen a las autoridades del Gobierno de la Ciudad que se cumpla:
1. Ley 451 – Régimen de FaltasPrevé en el punto 4.1.2 VENTA EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN. El/la que venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada es sancionado/a con multa de $50 a $1000 y decomiso de las cosas. Cuando se trate de una empresa u organización la sanción es multa de $200 a $10.000 y decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación.Por otra parte, el punto 4.1.11, establece OCUPACIÓN DE ACERAS. El/la responsable de una actividad lucrativa que ocupe, por cualquier medio, la vía pública, sin autorización o excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa de $300 a $5000.
Arturo Stábile
empresario, vicepresidente de FECOBA (Federación de Comercio de Buenos Aires), directivo de FEDECIBA (federación de clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires) y miembro activo de distintas ONG.