GRAN FRAUDE DE OBRAS SOCIALES

La Auditoría General de la Nación detectó expresas irregularidades en el funcionamiento de 40 obras sociales sindicales, sobre todo en los aportes brindados por la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que concentra el 10% y el 15% de los aportes y los reserva para cubrir el costo de enfermedades de alto costo. Las principales fueron en la Administración de Programas Especiales (APE), donde detectaron el desembolso pasó de 32 pesos a 423 millones. También se hallaron troqueles truchos y facturas apócrifas.

El principal detalle observó el cuerpo de auditores liderados por el radical Leandro Despouy fue el aumento de este tipo de prestaciones, que pasaron de 32 pesos en 2000 a 423 millones en 2010.

El informe abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en el APE, de acuerdo a las técnicas de la estadística inferencial.

Una de las causas del aumento de estas de estos tratamientos es que aún siendo reservados para casos de “excepción”, se aplicaron stent coronarios y vasculares y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad.

Además, la AGN identificó un veloz retiro de estos fondos, que pasó de tramitaciones de 3500 días a otras de 136. Y se sorprendió con la longevidad de muchos beneficiarios: Solo para el caso de fractura de cadera se favoreció a 11 pacientes con más de 100 años.

Los auditores que realizaron el trabajo, se sorprendieron de la longevidad de muchos beneficiarios, solo para el caso de fractura de cadera se favoreció a 11 pacientes con más de 100 años.

Otra intervención referida a las personas con discapacidad: Se constató que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.

Un dato llamativo es que los auditores denuncian que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal N° 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.

En los expedientes detectaron que para el caso de subsidios y reembolsos por drogas y medicamentos existen troqueles truchos, facturas apócrifas, droguerías proveedoras no registradas por la autoridad competente (INAME y ANMAT), incluso la famosa Droguería URBANA.

También declaraciones de los supuestos beneficiarios que expresaron no haber recibido la medicación correspondiente, por un monto de $4.600.000.

El senador radical José Cano, ex presidente de la Comisión de Salud, anunció que presentará una denuncia penal una vez que el informe sea presentado.

Fuente: lapoliticaonline

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