El ruido fue ensordecedor a las 8.30 en algunas esquinas de Buenos Aires. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once organizaron un bocinazo para reclamar justicia, a un mes de la tragedia que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, una situación que aún no tiene culpables y tampoco están claros los motivos. Nada ha cambiado. No hay un solo funcionario sancionado o despedido. A un mes de la tragedia el único imputado es el motorman de la formación.
La inacción del gobierno de Cristina Fernández tuvo impacto en su gestión, y la justicia está en la mira ante la falta de avances de la investigación judicial.
El choque de la formación ferroviaria contra el paragolpes del andén de la terminal de Once, ocurrido en la mañana del miércoles 22 de febrero, tuvo como consecuencia política la salida del Gobierno del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien fue reemplazado por Alejandro Ramos dos semanas después del accidente y la intervención de la empresa concesionaria TBA.
Pero a un mes de la tragedia el juez federal Claudio Bonadío aún no recibió por parte de los peritos técnicos, dos de la UBA y un experto de la Corte Suprema de Justicia, el informe del análisis que hicieron sobre la formación siniestrada. El tren accidentado permaneció hasta este miércoles estacionado en Once y ahora fue removido por orden judicial. El motorman de la formación de TBA que impactó en la estación Once al llegar al andén y provocó 51 muertos y más de 700 heridos es el único imputado en la investigación que lleva adelante el juez Bonadío, quien aguarda el resultado de pericias técnicas para saber cómo ocurrió el accidente y contables para conocer cómo los empresarios y los funcionarios manejaban los subsidios que recibía la concesionaria.
«A las 8 de la noche vamos a hacer un acto con lectura de un documento en la Plaza Miserere, no en la estación. Esperamos que nos acompañen los ciudadanos bajo la única bandera de pedido de justicia, sin banderas de partidos políticos, ni sindicatos, ni organizaciones sociales«, señaló Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia.
Sobre la investigación que lleva adelante Bonadío, Menghini indicó que «la causa va avanzando»: «Tenemos la necesidad de que las pericias hayan sido precisas y realizadas de manera profunda. Descuento que si el juez ordenó retirar la formación de la estación, es porque las pericias están bien hechas», agregó. Ese peritaje servirá para contrarrestarlo con los dichos del motorman Antonio Córdoba, el único imputado hasta el momento, y a quien el juez indagó a los dos días del accidente por el delito de estrago culposo aunque hasta el momento aún no resolvió su situación procesal, algo que prevé hacerlo una vez finalizado la pericia técnica.
En cuanto a los empresarios y funcionarios del Estado, si bien no están imputados, el juez dictó una prohibición de salida del país para más de una veintena de personas, entre ellos el ex secretario de Transporte Schiavi; y para los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, estos últimos a cargo de la concesión de la empresa TBA ahora intervenida por orden del Gobierno Nacional. Otra de las patas de la investigación es el manejo de subsidios, y haciendo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado, el juez está tratando de determinar los montos de dinero del Estado que recibía TBA y cómo los aplicaba para garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del servicio. Al respecto, el juez Bonadío informó este martes que comenzó la realización de una pericia contable para tal fin.
Por su parte, la presidenta se reunió en privado con algunos familiares de las víctimas, según reveló el Gobierno la semana pasada, y también se detalló que hasta el momento la mandataria no había recibido ningún pedido formal de audiencia de padres o amigos damnificados. No obstante, esto último fue desmentido por algunos de los familiares, quienes precisaron que hicieron intentos para entregar una carta en la Casa Rosada en reclamo de una reunión con la Presidenta pero empleados de la sede gubernamental no les quisieron recibir la misiva.
Los mismos diputados y senadores de la Comisión de Transporte que durante el año pasado sesionaron una sola vez, ahora rindieron homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el mes pasado en Once y en ese marco la mayoría oficialista bloqueó un intento opositor para pedir la interpelación del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La primera sesión ordinaria del año en Diputados comenzó con un recordatorio a las 51 víctimas fatales del accidente ferroviario en la ex línea Sarmiento, ocurrido en febrero pasado en la estación de Once. La diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) Victoria Donda inició la embestida contra el Gobierno y resaltó las «deficiencias del sistema ferroviario argentino». «Va a ser un mes de que ciudadanos y ciudadanas murieron. No es una tragedia porque las tragedias pueden evitarse y lo que pasó en Once pudo evitarse», remarcó la legisladora y consideró que «a tres días del 24 de marzo, la mejor forma de honrar a las víctimas y sus familiares es lograr que cada uno de ellos tenga acceso a la verdad y la justicia».
Al homenaje adhirieron los diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; de la UCR, Fabián Rogel; del PRO, Federico Pinedo; y de la Coalición Cívica, Carlos Comi. Antes de finalizar el recordatorio, el legislador radical Ricardo Buryaile reclamó que se sometiera a una votación sobre tablas la interpelación a De Vido, para que el funcionario brinde informaciones sobre el accidente ferroviario. La propuesta fue rápidamente rechazada por la mayoría oficialista. Luego, el radical Juan Pedro Tunessi aseguró en su cuenta de la red social Twitter: «El FpV votó contra la posibilidad de que De Vido explique en el Congreso las responsabilidades en la tragedia de Once, como lo impulso UCR». En la misma línea, la diputada del peronismo disidente, Claudia Rucci, agregó: «Qué pena. El bloque K acaba de rechazar la citación de De Vido al Congreso. Queríamos conocer el plan para resolver la crisis del transporte».
Sin embargo, la Comisión aún sigue sin reunirse y el transporte es el mismo deficiente de siempre. Por ahora, el Gobierno de Cristina Fernández se ampara en las estadísticas para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar.
Sigue siendo un desastre viajar: hasta el día de la tragedia, Trenes de Buenos Aires (TBA) tenía a disposición 23 trenes; hoy sólo hay 19, según informa Clarin en su crónica homenaje de hoy.
El Gobierno prorrogó quince días la intervención en las líneas Sarmiento y Mitre y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, insistió el martes por la noche en que no se adoptarán medidas drásticas hasta que la Justicia no avance.