Un fallo judicial retrotrae las tarifas a octubre de 2010. La resolución del juez responde a una cautelar y exige a la empresa que cumpla con obras prometidas.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó retrotraer la tarifa de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a los valores vigentes en octubre de 2010; suspende el tarifazo del 9 y 11 de abril en las cabinas de Hudson y Dock Sud (5 pesos en horas pico) y obliga a la empresa Coviares S.A. a que para realice de obras de infraestructura comprometidas en el contrato de concesión que no se han iniciado.
Hasta octubre de 2010 el precio era plano, de 1,90 pesos en ambas cabinas, entre Buenos Aires y La Plata. Desde hoy, los automovilistas deben pagar ese importe .
La resolución es de cumplimiento efectivo y representa un golpe sin precedentes en las estrategias de ajuste tarifario diseñadas por la empresa Concesionaria Vial Argentina-Española. Hasta ayer, los peajes en este corredor –donde circulan 220 mil vehículos por día–, habían aumentado 220% en apenas 18 meses . El 23 de abril Clarín había publicado que se generaron serios reclamos por la falta de obras en relación a las subas que venían sufriendo los usuarios de es autopista.
Esta medida cautelar responde a la acción de amparo presentado por el concejal platense Gustavo Luzardo (FPV-PJ), contra la empresa Coviares S.A. y el Poder Ejecutivo Nacional. El Estado es «concurrente» en las responsabilidades emergentes de este fallo. En el recurso se exigía la suspensión de los aumentos porque no había avances en los trabajos de mantenimientos y obras previstas . El estado del corredor es «deficiente», de acuerdo con la denuncia verificada ahora por la Justicia.
Desde la firma de la resolución, ayer al mediodía, Coviares tendrá un plazo de 30 días para presentar un plan detallado de ejecución de las bajadas y ampliación de carriles, entre otros compromisos. En el dictamen queda constancia de que el inicio de esas tareas no podrán exceder el plazo de los 180 días corridos.
Armella también intimó a Coviares, al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y a la Dirección Nacional de Vialidad, a que –en un plazo de 30 días– completen la negociación relativa a las obras previstas en la Renegociación Contractual del 9 de octubre de 2009.
En los efectos punitorios de esta resolución queda establecido que, en caso de incumplimiento, se aplicará una multa diaria , cuyo monto integrará un fondo destinado a la ejecución de las obras y mantenimiento de la autopista.
Según el juez, «hay obras a las que el demandado está obligado desde hace años y ni siquiera han tenido principio de ejecución «. Menciona el tercer carril de los tramos Debenedetti (Quilmes-Hudson) y considera «especialmente grave» por la «excesiva cantidad de automóviles que genera un colapso en la vía concesionada y deteriora la calidad del servicio». «Además –agrega Armella– pone en riesgo la seguridad de miles de vehículos que circulan diariamente por la autopista». Tampoco se completó la construcción de la bajada de Villa Elisa.
El juez cita en el escrito «el sufrimiento de penurias» por el mal estado de las calzadas , la falta de limpieza, iluminación y mantenimiento general. Como en todos los estadíos de la sociedad, la inseguridad queda incorporada al expediente: refiere a «la repetición de ataques» contra los automovilistas. Los funcionarios no quedan a resguardo con la resolución porque Armella refiere que «el Estado debe garantizar la buena prestación del servicio público en cuestión, pues debe proteger a los usuarios, sin cargar sobre ellos el costo de obras que aún no están realizadas».
Desde el inicio, hace dos décadas, Coviares cobró por una cantidad de carriles por mano que después no ejecutó . El concejal Luzardo incorporó en el recurso la conexión con la avenida 520, y la continuación de la autopista hasta la avenida 60, ambas en La Plata.
¿Cuál el déficit de inversión de Coviares? El monto estimado en la actualidad supera los 300 millones de pesos