EL ROCK IN ROCA YA EMPEZÓ A GENERAR DISPUTAS
Para Graciela Muñiz, la defensora del pueblo, se entrega el Parque de la Ciudad sin ningún tipo de contraprestación. Además, denunció que se desmantela el lugar para un futuro establecimiento de un lugar destinado a la música joven.
La defensora adjunta del Pueblo porteño, Graciela Muñiz, presentó una acción de amparo contra un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa organizadora del festival Rock in Rio en el Parque de la Ciudad, por considerar que es cedido ‘sin ningún tipo de contraprestación’.
Muñiz pidió a la justicia porteña ‘que dicte la nulidad del acuerdo’ del Gobierno de (Mauricio) Macri con una empresa ‘por el cual se entrega el Parque de la Ciudad, recursos y apoyos sin ningún tipo de contraprestación a cambio, para realizar un festival de rock’, dice un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria señaló que «se está desmantelando el parque para crear una futura Ciudad Rock o BA Rock en abierta violación a la normativa vigente que establece audiencia pública y trámite de doble lectura en la Legislatura».
«Los juegos son inmuebles y para disponer de ellos como tales, el Ejecutivo tiene que solicitar autorización legislativa», indicó Muñiz.
En su escrito la funcionaria objetó que el gobierno ponga ‘a disposición en forma gratuita un área mínima de 160.000 metros cuadrados’ del Parque, la adecue ‘a sus expensas’ para el recital y provea ‘una red de servicios’ para el evento.
También consideró improcedente que la Ciudad tramite la coordinación de los servicios de seguridad, policía, bomberos, asistencia médica para el público y participantes y se haga cargo de ‘cualquier gasto’ que éstos pudieran originar.
Otros cuestionamientos son que el gobierno brinde ‘a sus expensas, puntos de publicidad a convenir’ y ceda, ‘sin coste alguno, cinco zonas de alta afluencia de público y visibilidad en puntos estratégicos de la ciudad’ para instalar ‘guitarras de ficción con altura de 10 metros con paneles electrónicos de información’ sobre el festival, entre otras objeciones.
La puesta a punto del predio implicaría una erogación de 58 millones de pesos a cargo del erario público y sin contraprestación de la empresa.