Cuatro custodios protegen a Cristóbal Colón en Buenos Aires
Adrián no le quita los ojos de encima a la estatua de Cristóbal Colón desde hace dos meses, cuando el Gobierno argentino la bajó del pedestal que ocupaba detrás de la Casa Rosada y las autoridades de Buenos Aires, para quienes trabaja, le dieron una orden: ser el custodio del descubridor de América.
Durante seis horas al día, Adrián vigila el monumento de Colón para evitar que sea trasladado a la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y reemplazado por una escultura de Juana Azurduy, heroína de la guerra de independencia.
Cuatro custodios se turnan su cuidado durante las 24 horas del día para frustrar el traslado ordenado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y mantener a la escultura en la ubicación que ocupa desde 1921, año en que fue donada por la colectividad italiana.
Adrián hace guardia desde las tres de la tarde a las nueve de la noche y mata el tiempo caminando de uno al otro lado de la reja que rodea a la plaza en la que se halla la estatua, justo detrás de la sede del ejecutivo nacional, con su pequeña mochila al hombro.
«Nos fijamos que no haya movimientos de que quieran mover la estatua», explica Adrián, inspector de espacio público de Buenos Aires, como demuestra la cazadora negra y amarilla del gobierno porteño.
«Soy de ascendencia italiana pero no creo que Colón represente algo positivo para la historia», confiesa Adrián, quien denuncia que su protegido «masacró toda una civilización».
Sin embargo, el custodio tampoco está de acuerdo con que el monumento del descubridor de América sea reemplazado por el de la heroína de la independencia Juana Azurduy, de origen mestizo, por la simple razón de que «no van a renacer todos los indígenas por cambiar una estatua, no tiene sentido», comenta.
Adrián custodia a Colón desde el pasado 29 de junio cuando, después de meses de conflicto con las autoridades de Buenos Aires, el Gobierno argentino desmontó la escultura alegando tareas de restauración que nada tenían que ver con el posible traslado de la misma.
«Ese pedazo de ahí, que está roto, antes no lo estaba, evidentemente algo rompieron», señala Adrián, que duda del argumento gubernamental.
Tras ser desmontada, la estatua del marinero genovés dejó de aparecer en el plano de las cadenas nacionales que realiza la mandataria argentina desde la Casa Rosada, tal y como reclamaban los defensores del «modelo nacional y popular» encabezado por Fernández.
«Hoy existe una reivindicación de muchos próceres patrios que tienen que ver con la patria grande y la independencia, una cosa es el valor artístico de la obra y otra qué simboliza y dónde se ubica en cuanto a los lugares iconográficos o de poder», dijo a Efe María José Lubertino, legisladora del oficialista Frente para la Victoria.
El gobierno porteño, junto a la colectividad italiana y organizaciones no gubernamentales, presentó una medida cautelar ante la Justicia contra la decisión del Ejecutivo de bajar el monumento.
«Acá hay una invasión de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, debido a una mezcla entre una decisión caprichosa de la presidenta y una ideología estúpida», dijo a Efe Laura Alonso, diputada nacional por la conservadora Propuesta Republicana (Pro) y aseguró que «el monumento es propiedad de los ciudadanos de Buenos Aires».
El pasado jueves, la escultura fue declarada «Bien del patrimonio cultural de Buenos Aires», lo que le concede protecciones especiales a lo hora de querer trasladarla o modificarla.
En septiembre vence la medida cautelar que protege al monumento y la Justicia deberá dictaminar a qué jurisdicción pertenece.
Gastón Trelles