va a enfrentar a la justicia por “engañar” jubilados y ex combatientes
CON UNA AYUDITA DE MIS AMIGOS
La Jueza Servini de Cubría ha procesado a Mariano Casabella, Director de Ferias y Mercados, a resultas de una investigación por estafas a jubilados y pensionados que llevó seis años, acusado de participar de una maniobra por la que se les descontó pequeños montos de dinero, durante varios meses, a 77.478 pasivos, por supuestos servicios que nunca habían contratado.
Se le fijó embargo, por un monto de $ 500.000. Sin embargo, Mariano Casabella ni parece molesto por el revés de la justicia y fue premiado por el Pro con un puesto importante: es Director General de Ferias y Mercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este abogado procesado por la justicia está a cargo de habilitar todo aquello que se venda al aire libre en la ciudad de Buenos Aires.
Su nombre cobró algo de peso cuando se encargó de ser el brazo ejecutor de Diego Santilli para desalojar a los manteros de calle Florida. Casabella se presenta como militante del Pro, fue director del Centro de Gestión y Participación (CGP) número 3, de los barrios de Balvanera y San Cristóbal. Ahora la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Corrección Federal, confirmó el fallo de primera instancia de María Servini de Cubría y eleva a juicio oral a la cooperativa y funcionarios que estafaron a jubilados.
Casabella deberá concurrir a la justicia al igual que las gerentas María Esther Rodríguez (que estaba a cargo de la gerencia de la Unidad Central de Apoyo) e Isabel Lovrincevich (ex gerenta de Investigaciones Especiales) quienes están suspendidas sin goce de sueldo ya que las estafas a jubilados que llegaron a los $4,5 millones además incluyeron a ex combatientes de Malvinas.
Tras 6 años de investigar se comprobó que los descuentos compulsivos eran de 1,70 y 2,10 pesos por cada uno de los jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas, por un rubro que sólo aparecía identificado con un código en los recibos, difícil de detectar. A los falsos cooperativos Servini de Cubria les imputó los delitos de “estafas reiteradas en 77.478 hechos, los que concurren en forma real entre sí e idealmente con 29 hechos de adulteración de documento privado”, figuras que contemplan hasta seis años de cárcel como pena.
Los procesamientos fueron dictados “sin prisión preventiva”, pero con embargos en cada uno de los casos por 4.478.572,63 pesos. Por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, los funcionarios de ANSES María Ester Rodríguez, Isabel María Lovrincevich y Mariano Casabella, fueron también procesados y embargados hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
La denuncia la realizó la pensionada Martha de la Fuente en el 2006, cuando se percató que desde enero de 2005 se le descontaban mensualmente entre $1,70 y $2,10 por un supuesto servicio de “emergencias médicas” que nunca había contratado. Había 850 personas más en idéntica condición. Los descuentos concluían en la cooperativa Ferromar, que apenas justificó la cobertura de 6 mil aportantes siendo más de 84 mil los afiliados de modo compulsivo.
El fallo refiere a la necesaria participación de empleados de la Anses para consumar la estafa.
“Si a la Anses pudiéramos tratarla como a una única persona de existencia física su participación en la maniobra atribuida a los imputados de la cooperativa Ferromar no ofrecería mayores dudas”. La responsabilidad de los empleados públicos, se agrega, se dio por haber autorizado los descuentos ilegítimos sin haber recurrido a “los más elementales criterios de control”.
Además, se advierte que tras conocerse las irregularidades “se demoró la rescisión del convenio prestacional”.
En conclusión Ferromar pudo hacer esos descuentos porque alguien dentro de la ANSeS le dio la base de datos de los jubilados con los datos completos como para llenar las solicitudes de créditos que nunca habían pedido.
De la Fuente no fue la primera damnificada por la cooperativa Ferromar, pero sí la primera persona que llevó a la Justicia Federal su reclamo.
Su caso comenzó en febrero de 2005, cuando en el recibo de su pensión advirtió dos códigos desconocidos.