Jorge Capitanich salió una vez más a “apretar” a las empresas distribuidoras
‘MENAZAME (Diría Minguito)
El Gobierno en la voz de su Jefe de Gabinete, renovó su pedido de “explicaciones” a las distribuidoras, al tiempo que prometió multas y reiteró que el gobierno está pensando en transferir el control de su propia energía a la Ciudad Autónoma y a la Pcia de Bs As.
Mientras que los cortes prosiguen y aumentan y las calles hierven, tanto por las faltas de energía, como por el calor y la calentura de los afectados, el autismo de las compañías distribuidoras, es tan visible, -como táctico-, y su inmoral accionar se escuda en un gobierno siempre lento de reflejos en las catástrofes, que cada vez más consecuentes nos afectan a todos.
Y si algo eleva a niveles altísimos la bronca de los usuarios es que EDENOR y EDESUR no solo no solucionan los problemas, sino que no brindan explicación alguna y la excusa madre es el “alto consumo”. Tampoco dicen cuando se solucionarán los problemas y si reparan algo, tampoco dicen que es. Es decir: le devuelvan al enfermo sano, pero no le dicen si fue una gripe, un hueso roto o un cólico renal.
Los cortes de energía lejos de disminuir, se suman en Capital Federal y Gran Buenos Aires durante otro día de infernal calor. La situación no solo no amengua, sino que aumenta. Y la única “luz” que parece atisbar un futuro mejor es el éxodo vacacional de la primer semana de enero, más que las soluciones que puedan brindar estos piratas energéticos con patente de corso.
Los vecinos con más coraje, salen a protestar como pueden con el resto que les queda y siguen sumando geografías: Lugano, Mataderos, Nueva Pompeya, Flores, Floresta, Caballito, Villa Pueyrredón, Paternal, Villa del Parque, Almagro, Villa Crespo, Villa Real, Monte Castro, Villa Urquiza y Palermo. La autopista Dellepianne está cortada por los vecinos de “los bajos de Lugano” y por los de los barrios de torres como Nágera, Samoré y Copello, significando que este no es un reclamo de un sector, sino de todos.
‘MENAZAME (Diría Minguito)
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, responsabilizó una vez más a EDESUR y EDENOR, asegurando que serán multadas y reiteró que entre las opciones que se están evaluando se incluye la posibilidad de transferir el control del servicio a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Es una hipótesis de trabajo”, respondió. El vicepresidente de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, adelantó que si el Gobierno avanza con esa idea el macrismo se opondrá. “No es conveniente aceptar el servicio porque se están sacando un problema de encima. Y además con empresas como EDESUR que dejan mucho que desear”, afirmó.
El otro “autista” hasta ahora había sido el ENRE, que en su inocuidad bíblica, ni siquiera maneja datos precisos sobre los cortes y cuando los da, suelen coincidir “curiosamente” con los brindados por algunos medios masivos. El Gobierno nacional dispuso, -tal vez más como marketing-, un “call center”, para atender los reclamos de los usuarios, pero a manera de “para la hinchada”, ya que no puede dar solución alguna porque las mismas siguen dependiendo de EDENOR y EDESUR.
Las estrategias de EDENOR y EDESUR en los últimos años, se limitó a incrementar la capacidad de transmisión de sus redes instaladas y a realizar tareas de mantenimiento, a fin de hacer frente al crecimiento promedio del consumo. Por lo visto, la táctica no sirve cada vez que hay picos de consumo. Claro que la inversión en estas política empresarial es mucho menor a la de invertir en serio en nuevas redes y estaciones distribuidoras acomodadas a la realidad del desarrollo poblacional.
El jefe de Gabinete también afirmó que podrían ceder la competencia del control a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se refirió a esta posibilidad anoche a través de un comunicado. “Sería lógico, justo y pertinente porque las empresas (Edenor y Edesur) son prestatarias de servicios exclusivamente en ambas jurisdicciones”, aseguró. No obstante, ésa no pareciera ser la mejor opción para el usuario según el propio De Vido reconoció al hacer referencia al caso del subte en ese mismo comunicado. “Cabe mencionar que desde que el servicio de subterráneo fue transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tarifa se incrementó un 130 por ciento, no hubo mejora alguna en la calidad del servicio y el costo del pasaje expulsó a miles de usuarios que debieron ser absorbidos por el transporte urbano de colectivos, que es subsidiado por el Estado nacional”, aseguró.
“Las empresas tienen que resolver rápidamente los problemas que demandan los usuarios”, volvió a exigir ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se expresó en el mismo sentido: “Primero, que resuelvan lo más importante y después nos vamos a sentar a discutir a ver cuáles son las obras que se hicieron y cuáles se tenían que hacer”, afirmó. El problema es que las empresas siguen sin resolver esos problemas y hasta el momento la única respuesta oficial, más allá del call center, ha sido amenazarlas con multas o con la estatización del servicio.