por Marcelo Ramal (*)
La catástrofe energética de estos días ha puesto en el tapete, como muy pocas veces antes, la fundición política y económica del régimen de rescate de la burguesía nacional puesto en marcha a partir de 2002.
Los que han dejado sin luz y sin agua a la población son los mismos que, desde entonces, han recibido miles de millones de pesos de subsidios. Como ocurriera con los ferrocarriles, los amigos del “modelo” se han devorado estos recursos sin invertir un centavo. Ahora, el gobierno y sus opositores pretenden explotar el desasosiego popular causado por los cortes para imponer un tarifazo en regla. En oposición a este desquicio, nuestra iniciativa de “emergencia eléctrica” aportó un programa y una orientación de lucha para los trabajadores y vecinos afectados.
La privatización eléctrica de los 90 -que en su momento apoyaron los K y sus actuales opositores- fue otro gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, junto a la quiebra y la devaluación del 2001, Duhalde-Lavagna-Kirchner lo reemplazaron por el régimen actual: a cambio de pesificarles las tarifas, el gobierno le consintió a las eléctricas una verdadera huelga de inversiones. Pero al mismo tiempo, los K compensaron a las eléctricas con subsidios crecientes. Como ocurrió con los Cirigliano en el ferrocarril, esos recursos fueron utilizados para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas.
El grupo Pampa, controlante de Edesur y perteneciente al empresario K Midlin, compró subsidiarias de energía en todo el país. Luego, fabricó “deudas” de Edenor en favor de ellas, un artilugio para impedir que las ganancias de Edenor financiaran inversiones. Las maniobras de desinversión fueron también frecuentes en Edesur. El gobierno nombró un veedor judicial en la compañía en julio de 2012, con los resultados conocidos. En el desfalco eléctrico, sin embargo, oficialistas y opositores se dan la mano.
De la misma Edesur, participa accionariamente el empresario Nicolás Caputo, el Lázaro Báez de Mauricio Macri. En el caso del interior, las distribuidoras eléctricas de los gobernadores opositores registran las mismas historias de desfalco empresario y colapso en el servicio. En la Córdoba del opositor De la Sota, la energética EPEC ha protagonizado un escandaloso desvío de fondos, en este caso, provistos por el Anses para inversiones que nunca se concretaron.
El hundimiento del sistema eléctrico es otro episodio del rescate de la burguesía nacional a costa del pueblo, y con la participación de todos los partidos del régimen.
Tarifazo y retorno a los 90
En este cuadro, el gobierno ha amenazado con nuevas estatizaciones, esto, sobre un sistema eléctrico que ha sido vaciado ante los ojos de sus propios “interventores”. La orientación de una eventual estatización, sin embargo, tiene como antecedente a la intervención a YPF y sus conocidos resultados.
El gobierno sólo desplazó de YPF a la fundida Repsol para poner en marcha los acuerdos en favor de Chevron y otros pulpos. El lubricante de esa reprivatización ha sido el tarifazo en los combustibles -las naftas aumentaron un 80% desde que los “nac y pop” entraron a la petrolera. Esa estatización, como rescate del capital en ruinas, se completa ahora con un acuerdo con la mismísima Repsol, que será resarcida por su salida de YPF sin que responda por el vaciamiento financiero, energético y ambiental perpetrado durante doce años.
Por más de un motivo, la intervención K sobre el sistema eléctrico viene marcada por la reprivatización petrolera. Es que la dolarización de los combustibles empuja, más temprano que tarde, a la dolarización de las tarifas eléctricas (las dos terceras partes de las usinas de Argentina se alimentan con gas o derivados del petróleo). Capitanich ha anunciado una posible transferencia del servicio eléctrico a la órbita de la Capital y de la provincia de Buenos Aires. Es el “modelo” de la transferencia del subte, que terminó, precisamente, con una escalada de tarifazos perpetrada por Macri. En los últimos meses, las acciones de las distribuidoras eléctricas tuvieron una suba astronómica en la Bolsa porteña: detrás de la apuesta al tarifazo, Caputo, Midlin y otros se restregan las manos. Después de la fundición del régimen de los subsidios, los K -con el aval de toda la oposición tradicional- preparan el retorno a los 90.
Desquicio capitalista y emergencia eléctrica
Es este viraje en puerta el que explica la completa -y premeditada- indolencia de los gobiernos y sus “entes reguladores” frente al colapso eléctrico que soporta la población de la Capital, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Las cámaras de distribución, cables o transformadores estallan frente a la vista de los vecinos. Las distribuidoras, vaciadas de personal y cuadrillas desde hace años, no “saben” ni “contestan”. Este desquicio, que avalan los Kirchner, Macri, De la Sota o Bonfatti, es una clara extorsión contra el pueblo. El mensaje es claro: “o aceptan el tarifazo, o seguirán sin luz y sin agua”.
Los gobiernos que protegen a Edenor-Edesur han decidido llevar hasta el final este chantaje. Ello se advierte, por ejemplo, en los remedos de “emergencia energética” dispuestos por el macrismo y el gobierno nacional, y el comité de crisis común que han resuelto conformar. Las “emergencias” de Berni y Macri consisten en una asistencia precaria a quienes se quedaron sin luz o agua (baños públicos, bidones). Pero no contemplan, bajo ningún punto de vista, la restitución de la luz, incluso bajo las condiciones de la emergencia.
En oposición al abandono del pueblo por parte de los gobiernos y las eléctricas, la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad ha planteado una emergencia eléctrica fundada en una enérgica intervención de los trabajadores y vecinos sobre los intereses capitalistas. Nuestro proyecto plantea, en primer lugar, un comité de emergencia integrado por todos los bloques legislativos, y representantes electos de los trabajadores y vecinos. Exigimos de ese modo a los partidos de Estado que se hagan cargo de la crisis, pero sometidos al control de los explotados y de sus representantes políticos.
En segundo lugar, planteamos la constitución de cuadrillas de obreros y técnicos electricistas para responder a los reclamos que las distribuidoras no atienden, o tardan días o semanas en responder. Ello, junto a la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Para financiar este planteo, sostenemos un impuesto extraordinario a las salas de juego, que acaban de ser beneficiadas con una condonación de deudas impositivas por parte de los bloques del macrismo y los K. Este proyecto ha sido replicado por nuestra diputada Cintia Frencia en Córdoba, en relación a la crisis del agua en la provincia. En la misma, línea Jorgelina Signa, concejal del PO en Bermudez, no sólo presentó la emergencia hídrica sino que arrancó su aprobación en el Concejo, en el cuadro de una fuerte presión popular. El impacto de nuestros proyectos contrastó abiertamente con la impotencia de los partidos capitalistas.
En la Ciudad, nuestro reclamo en favor de una sesión extraordinaria de la Legislatura ha servido para establecer una brutal denuncia y delimitación de los bloques del PRO, el kirchnerismo y el UNEN, que se han negado a sesionar. La decisión de tres diputados del UNEN de adherir a nuestro reclamo ha causado una temprana crisis en su ´interbloque´, a partir de la desautorización que sufrieron por parte de Carrió. La gran impugnadora de los decretazos kirchneristas no ha tenido empacho en apoyar la clausura de la Legislatura porteña hasta marzo, a cuenta, claro está, de los decretazos de Macri.
Hemos impreso masivamente nuestro proyecto, que repartimos en los cortes de calle y asambleas de los vecinos afectados. La acción de las bancadas, en definitiva, ha aportado un programa y una orientación a los movimientos de lucha de la Ciudad y de otras provincias, a favor de una acción de conjunto para poner fin al desquicio eléctrico e impedir a la vez un tarifazo.
Nuestra salida
Mientras los legisladores de los partidos oficiales se niegan a deliberar, sus economistas recorren los canales lamentando el “atraso o la insuficiencia de las tarifas”, como razón del colapso eléctrico. No pueden explicar, sin embargo, por qué en provincias como Santa Fe o Córdoba -que ya han aumentado fuertemente las tarifas- los cortes de luz se acrecientan cada día.
La discusión sobre la “razonabilidad” de las tarifas carece de sentido en el marco del régimen de concesiones privadas, que se funda en la confiscación del patrimonio público y de los usuarios. En los 90, ello se consumó a través de “tarifas internacionales”; bajo los K, sosteniendo a los privatizadores con subsidios, que en su mayor parte pagan los propios trabajadores y usuarios a través del régimen de impuestos.
Como señalamos en los fundamentos de nuestro proyecto: “Es indudable que el colapso eléctrico es inseparable de un vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción energética. Pero no es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan apenas la quinta parte de sus precios internacionales”. En ese cuadro, la pretensión de “internacionalizar” las tarifas implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas, y piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.
“En oposición a ese régimen fracasado, el Frente de Izquierda impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también deberá ser colocado bajo control obrero”. (Fundamentos del proyecto de “emergencia eléctrica”). .
Impulsemos asambleas en todos los barrios y comunas, para unificar la lucha por una ´emergencia eléctrica´ bajo el control de trabajadores y usuarios, y en rechazo a cualquier tarifazo.