es por su intento de “hacerse dueños” del predio
CULPABLES
La denuncia la realizó Gustavo Vera del bloque Verde Alameda (UNEN) ante el juez Norberto Tavosnanska, en un escrito donde señala a dos personas; David (alias “El chino”) de entre 30 y 40 años, de contextura robusta, cuya hermana ocupó un terreno en el sector 8. Está armado y habría expulsado a varios vecinos de la comunidad boliviana que ocuparon el terreno, a partir del 24 de febrero pasado. El segundo sospechoso fue identificado por su nombre de pila: William, de nacionalidad paraguaya, contextura delgada; de casi dos metros de alto y de cara huesuda. Se mueve en el barrio armado con una pistola calibre 9 mm y ocupó terrenos en el sector 8.
«Con ellos trabaja una banda de más de veinte personas, que serían imposibles de identificar rápidamente y que vienen “apretando” a los otros vecinos que participan de la toma. Todos tienen entre 16 y 25 años. Se instalaron en la intersección del sector 8 y sector 9 de la toma, y el pasillo de la manzana 30 que empalma con el cruce de Corvalán y Chilavert», expresaron los denunciantes de la ONG en la presentación ante la justicia porteña.
Hay un tercer sospechoso está vinculado también con la venta ilegal de cables de luz en el terreno.
Las últimas semanas comenzaron a recrudecer situaciones internas dentro del predio por parte de esta banda, -según la acusación de Vera-, contra el resto de los habitantes de la toma para quedarse con los lotes que estos ocupaban.
Las peleas comenzaron previo a la realización del censo por parte del IVC y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dispuesto por orden judicial. Entonces, hubo miembros de esta banda que intentaron desplazar a algunos de los que iban a ser censados, ocupando sus lotes y quedando así estos delincuentes “blanqueados” por la medida.
Sin embargo, el escrito de Vera denuncia que el día crucial fue el lunes 9 de junio próximo pasado, “cuando un grupo de 20 personas apedrearon y rompieron más de 20 casas de la manzana 30 y trataron de meterse dentro de ellas. No contentos con ello, amenazaron con prenderlas fuego y con matar a sus inquilinos. Todo esto bajo el argumento que por culpa de la denuncias de los vecinos habían sido detenidos 3 sujetos con armas, drogas y dinero, ese mismo día en la villa 20. Obviamente eran miembros de la banda, y sabemos que a los pocos días fueron liberados, a pesar que andan armados, y serían los cabecillas de una banda de unas 20 personas, que se asientan en la intersección del sector 8 y sector 9 de la toma en su cruce con el pasillo de la manzana 30”, señala la denuncia.
“Esto generó una situación que agudizó las amenazas y los intentos de ingresar dentro de las casas y toma de predios de los vecinos. Unos días antes un vecino de este sector había recibido 3 balazos en una pierna. Fue la primer alarma de esta escalada de violencia que se está desatando, y que no encuentra contención por parte del estado. Esta banda está intentando copar una parte de la toma, para ampliar su dominio del territorio, aprovechándose de la fragilidad de las familias que allí habitan, y del abandono por parte del estado, que ha decidido no brindar servicios básicos (ni salud, ni agua, ni luz, ni seguridad). Esta organización es parte o un desprendimiento de la que está vinculada en una causa del juez federal Claudio Bonadio, en la cual se detuvieron a 21 personas a fin del año 2013, varias de ellas en villa 20”, señala el informe Vera.
Concluye: “En el escrito presentado solicitamos expresamente la protección para los vecinos, la presencia de las fuerzas de seguridad, y la pronta investigación de estos hechos de violencia”.
El Ministerio Público Fiscal porteño continua así acumulando denuncias de los habitantes de la toma por delitos en el predio, incluyendo desde venta de drogas hasta violaciones y secuestros extorsivos.
Tavosnanska es el mismo juez que, tras varias denuncias de delitos cometidos en el predio, el 14 de junio ordenó un allanamiento en la toma que derivó en el hallazgo de varias armas. Hubo dos detenidos, que ya fueron liberados.
Este predio, ocupado hace casi cuatro meses, está dividido en dos zonas.
«Uno de los sectores fue ocupado por ciudadanos paraguayos y el restante por ciudadanos bolivianos. Dentro del grupo de los paraguayos existen cincuenta personas que se dedican al tráfico de droga y que decidieron ampliar su actividad desde la villa 20 al predio ocupado. Esta gente se instaló en el sector más cercano al terreno, donde funcionaba la playa de automóviles secuestrados que pertenece a la Policía Federal. Este grupo es el más peligroso y al que le secuestraron armas y droga. La comunidad boliviana no tiene nada que ver con ellos y como los denunciaron, resultaron blanco de los ataques», explicó un veterano jefe policial que solicitó mantener su nombre en reserva.
Hace un año, detectives de la superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal realizaron un operativo en la villa 20 y apresaron a 21 narcos paraguayos. En el operativo, ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, fueron secuestrados $ 160.000 y US$ 1200. Tan importante es el poder de fuego que poseen los narcos que durante el allanamiento hirieron de un balazo a un afectivo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF).
Los vecinos sospechan que la banda que se instaló en el predio tomado sería un desprendimiento de la organización que había sido desbaratada el año pasado.
Ese mismo día, Clarín había difundido la advertencia de los fiscales que llevan procesos a raíz de denuncias por delitos en el predio usurpado, que afirmaron que la toma se había convertido en un aguantadero disputado por dos bandos. En ese momento habían explicado que los habitantes de la Villa 20 cercanos a la toma sufrían agresiones para que permitan el paso al predio y guarden silencio. “El contexto es ideal. De un lado está todo cerrado y con protección policial y hay un escape a través de la villa para el que no hay ningún control”, explicó entonces Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto porteño.