De los porteños que trabajan en organismos públicos, menos del 60% logran superar el umbral de pobreza, en base a los criterios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que marcan que actualmente se necesitan $12.282 para que una familia tipo, habitante de la Capital Federal, no sea considerada pobre.
El análisis elaborado por los economistas Santiago González y Sergio Chouza, a cargo del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (Geenap), remarcó asimismo que «de ser el sueldo del empleado público porteño el único ingreso mensual de la familia, el número de pobres ascendería al 79%.»
Los expertos destacaron que «el flagelo de la pobreza viene enfrentándose con ahínco desde la última década» por parte del gobierno nacional, no obstante lo cual indicaron que «los economistas del establishment buscan sacar provecho de tal situación y fogonean indicadores que carecen de sustento estadístico, alcance geográfico y consistencia técnica suficiente».
«Sin embargo, es llamativo que los avezados analistas del mainstream económico nada comenten sobre la pobreza en la ciudad de Buenos Aires», afirmaron González y Chouza.
Remarcaron que «considerando a la misma como un Estado autónomo en función de su generación de recursos y aplicación de gastos, se puede caracterizar cuál es la situación socioeconómica de los ciudadanos cuyos ingresos dependen de la Ciudad».
Por tanto, precisaron que «en tal esquema se podría contar con una medida certera de dónde elige poner la vara el gobierno del PRO en cuanto a inclusión de porteños se trata».
El relevamiento del Geenap cuantificó el impacto de la evolución del costo de vida en los ingresos de ciertos segmentos específicos.
Para ello se tomó la publicación que reporta la canasta de consumo de las familias porteñas, emitida por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad; y a partir de la misma, se registró la evolución en el costo total, umbral a partir del cual, una familia deja de ser considerada pobre.
Asimismo, los economistas realizaron el calce de aquellos gastos con los ingresos provenientes de un colectivo que permite analizar la decisión política de atacar o ignorar la pobreza: el de los empleados públicos porteños, cuyos sueldos son potestad de la gestión macrista desde hace ya casi ocho años.
En tal sentido, extrajeron de la Encuesta Permanente de Hogares, publicada periódicamente por el Indec, los datos de ingresos con los niveles de apertura deseados (aglomerado correspondiente a CABA, para familias con ingresos de la ocupación principal en actividades relacionadas al empleo público).
«A partir de este análisis focalizado, podemos concluir que la política de ingresos del gobierno de Mauricio Macri lejos está de favorecer la movilidad social ascendente de los propios empleados de la administración pública municipal», sostuvieron González y Chouza.
Remarcaron que «si los aumentos en el costo de vida de los porteños fueran aquellos que el Instituto de Estadísticas de la Ciudad reporta, la gestión del PRO elige de forma manifiesta no implementar políticas de ingresos reparadoras para mejorar el poder adquisitivo de sus propios empleados y, por ende, opta por empujar a la pobreza a un número considerable de familias porteñas».