Llegó a un cuarto intermedio el conflicto entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los cartoneros; el lunes continuarán las negociaciones para encontrar una solución al reclamo salarial de los recuperadores urbanos.
Esta mañana Sergio Sánchez, el presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, había iniciado una huelga de hambre, y se había encadenado frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño para denunciar el «vaciamiento» del macrismo al sistema de reciclaje urbano. Sin embargo, luego de una reunión con el director general de Reciclado, Agustín Casal, se levantó el acampe.
El trabajador realizaba la protesta junto a otros nueve compañeros que se habían encadenado a una silla en una carpa montada frente a la cartera ubicada en Roque Sáenz Peña 570, en el centro de la ciudad.
«Queremos que (el jefe de gobierno Mauricio) Macri cumpla con el convenio que firmó hace dos años con los trabajadores de las cooperativas», dijo Sánchez a la mañana. Según el trabajador, ese contrato establecía «que el Gobierno de la Ciudad iba a actualizar cada seis meses el incentivo, que se mantiene en $2000 pesos desde hace dos años, y también se tienen que ocupar de lo que es el mantenimiento de los vehículos y de la infraestructura de las cooperativas».
El gobierno porteño confirmó que los trabajadores que están en la categoría de recuperadores urbanos cobran ese monto y piden una actualización de su salario. Sin embargo, aclararon que los recuperadores ambientales cobran $4500 y que se está trabajando en la recategorización de los trabajadores.
«Además, vamos a seguir poniendo infraestructura en los centros verdes de reciclado. Con la separación en origen se va a mejorar el trabajo de los recuperadores, y la idea es que los vecinos sepan cuál es el de su cuadra y le den su material a ellos», explicó Casal sobre la recategorización de los empleados. Los recuperadores ambientales trabajan siempre en la misma zona y conocen a los vecinos de la cuadra, a diferencia de los recuperadores urbanos.
Fuentes del gobierno porteño criticaron el trabajo de algunas cooperativas, porque dificulta el cambio de categoría, ya que «rechazan cualquier esquema de control que permita evaluar la productividad del sistema: Se les está pidiendo que cumplan horario, que respeten las rutas y que no utilicen los camiones y el equipamiento para otros fines. Hubo casos de camiones que fueron utilizados para cometer delitos en la provincia y en el interior», informaron.
Además, dijeron que se resisten a formalizar indicadores del sistema, impiden cuantificar exactamente los niveles de recupero de materiales reciclables y rechazan la colocación de GPS en los camiones para monitorear su ubicación en tiempo real y control del presentismo. También rechazan la presentación de balances en tiempo y forma de los ingresos y egresos de las cooperativas y «en muchos casos no pueden facturar como cooperativa porque no completaron los trámites para la apertura de cuenta corriente».
Por otra parte, Sánchez ratificó sus críticas y dijo: «Hay 12 cooperativas que están formalizadas, avaladas por el gobierno porteño y algunas de ellas no tienen nada, con compañeros sin estructura, vehículo ni galpón».
Para ejemplificar describió la situación de la cooperativa «El amanecer de los cartoneros», ubicada en el barrio de Almagro, «que parece enorme porque tiene camiones pero le falta un centro verde donde clasificar el material».
«Todas las cooperativas tienen problemas, les faltan cosas, por eso nosotros no hablamos de un aumento, no queremos un aumento, queremos que se respete lo que se prometió, lo que se firmó, y se cumpla con todo lo pactado, que son solamente condiciones laborales dignas», señaló Sánchez.