A partir de un proyecto de ley elaborado por el diputado Adrián Camps se instituye el día 1 de septiembre como “El día de las Comunas” y esa misma primera semana como “Semana de las Comunas” con la intención de que durante ese lapso de tiempo se realizara difusión acerca de las actividades y funciones de las Comunas, además de los mecanismos e instancias de participación comunal, y fomentar en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad, charlas informativas para los estudiantes.
La aprobación de este tipo de leyes tiene como objetivo de generar conciencia sobre la existencia y funcionamiento de las Comunas, ya que muchos ciudadanos aún no tienen una verdadera dimensión de lo que significan como poder descentralizado aunque se llevaran a cabo dos elecciones en la Ciudad; además de poder difundir entre la población cuáles son las atribuciones, tanto de la Junta Comunal como del Consejo Consultivo, que va mucho más allá de la descentralización de los trámites administrativos que otrora se realizaban y realizan en lo que comúnmente se denomina Centros de Gestión y Participación Ciudadana.
Esta iniciativa contrasta con la inacción manifiesta del poder ejecutivo porteño, quien mostrara la intensión de desarticularlas, evitando distribuir el presupuesto que estas necesitan para cumplir su función. Esa mirada es compartida por un grupo de ciudadanos nucleados en el denominado Movimiento Comunero, que fueran participes necesarios del proceso de implementación y reglamentación de la ley 1777 de comunas.
Uno de ellos, el sociólogo Carlos Wilkinson, plantea que aún con la implementación de estas maniobras al gobierno se le hará muy difícil dar marcha atrás con el rol que cumplen en la Ciudad.
Desde la primera conformación de las 15 comunas en el distrito, el oficialismo se ha encargado de acotar la información para disminuir la injerencia de los vecinos en las problemáticas de sus barrios, sostuvo Wilkinson, y agregó “por eso muchas personas no saben que existen”.
En consonancia con la mirada del legislador Adrián Campas, Wilkinson observa una estrategia que intenta invalidarlas, no darle recursos, posibilidades de acción, para que en algún momento la ciudadanía se convenza de que ésto no sirve para nada”.
Mientras tanto varias de las atribuciones que debieran recaer en la Junta y el Consejo Consultivo Comunal son comandadas por los presidentes de los 15 organismos al compás de las necesidades del gobierno central y no de los vecinos. “En general, el Gobierno porteño siempre manejó la participación ciudadana a través del Ejecutivo, por ejemplo, convocando a reuniones en los barrios para sacarle poder a las Comunas, como forma de desalentar la participación, y trasladarla al Ejecutivo”, finalizó Camps.