La coordinadora del programa Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, María Page, destacó que hay avances “en términos de derechos políticos”, aunque señaló que el proyecto del oficialismo no contempla reglas para el financiamiento de campañas.
En plenario de comisiones, el Senado comenzó a debatir la reforma electoral propuesta por el Gobierno, donde aparece la implementación de la boleta electrónica a partir de las elecciones legislativas 2017. De hecho, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, se presentaron en la Cámara Alta para explicar la iniciativa.
La coordinadora del programa Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), María Page, resaltó que “se fijan reglas más claras para presentación de candidaturas”, ya que en la pantalla de la máquina no habrá colectoras, listas espejos, entre otras modificaciones. Además, se pone un límite al período durante el cual el Ejecutivo “no puede hacer actos de gobierno, ni anuncios de programas”, una restricción “al abuso de los recursos públicos en tiempo de campaña”.
A pesar de los puntos positivos, Page también señaló que faltan normas para el financiamiento de las campañas electorales, aunque el oficialismo se comprometió a tratarlo. La integrante de Cippec sostuvo que el proyecto “no contempla ningún tipo de plan B, en el caso de que haya un problema técnico que no permita utilizar el sistema de voto electrónico” y agregó que la nueva modalidad debe aplicarse gradualmente para corregir los errores.