El juez Francisco Ferrer declaró improcedente el modo en que se aprobó la Ley 5728 que modificó el Código de Tránsito y Transporte y que autorizaba al Ejecutivo a concesionar el Sistema de Estacionamiento Regulado.
El amparo aprobado en la Justicia fue presentado por el coordinador de la ONG «Protocomuna Caballito», Gustavo Desplats; con el apoyo del ex legislador, Gustavo Vera de la fundación La Alameda; y el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
«La Justicia sacó un tiro para el lado de los vecinos», consideró Desplats, quién también aclaró que sólo los artículos 2,4 y 5 de la 5728 fueron declararon inconstitucionales y que gracias al freno judicial se develó la «mentira» de que con esta norma los vecinos pudieran estacionar gratis «frente a las puertas de sus casas» en cada Comuna de la Ciudad.
Así también, Desplats dijo que el fallo corresponde a que se encontraron incumplidos los recaudos impuestos por el artículo 82, incisos 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad que resultaba exigible que las leyes fueran aprobados por la mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.
«Es una norma ampliamente recaudatoria», concluyó ya que, por un lado, el sistema del Ejecutivo porteño incorporaría «81 mil parquímetros» en total y distribuidos en 13 de las 15 comunas existentes; y por el otro lado, se sumaba la recaudación de las empresas de acarreo que trabajan con contratos vencidos desde 2001.