La semana pasada se conoció una noticia que movió el avispero en una cuestión muy importante para la Ciudad: las infracciones de tránsito.
Es que luego de 14 años, la Legislatura porteña aprobó una norma que modifica el artículo 29 del Código Contravencional y autoriza una actualización en las multas. Dicha transformación viene a producir un acercamiento hacia un modelo más punitivista, bajo la creencia de que penas más duras implican una mayor prevención en accidentes e infracciones de tránsito.
La propuesta multiplicará por siete los montos de dichas infracciones, es decir, en primer lugar se pasarán a unidades fijas que irán aumentando cada seis meses según el ritmo del precio del litro de nafta premium, y por otro lado, se van a actualizar de manera abrupta a valores de 2018, de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – índice publicado por el Banco Central).
La modificación se aprobó por un margen amplio, con 39 votos a favor, integrados por Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad, 16 en contra (Unidad Ciudadana, Partido de los Trabajadores Socialistas, Bloque Peronista, Autodeterminación y Libertad y Partido Obrero).
La principal crítica radica en la poca organicidad que este proyecto implica para lograr un Código Contravencional mas rígido y contundente: «Al no corregir las desproporciones existentes, se termina prolongando lo que ya ocurre, contravenciones mas leves tienen multas más altas y otras más graves son más bajas», criticó la presidente del Bloque Peronista en la legislatura, María Rosa Muiños. Sin embargo, la oposición se mostró de acuerdo en que se establecieran unidades fijas.
¿Qué implica este cambio en la metodología de medición? Que a partir del 1 de noviembre, quienes superen el límite permitido de alcohol en sangre, serán sancionados con 150 a mil unidades fijas, es decir, deberán pagar una multa de entre 2.677,50 hasta 17.850 pesos, un aumento de alrededor de 600 por ciento.