El titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y Miguel Camacho, tío de Santiago Siciliano (agente de tránsito herido cuando realizaba un operativo), presentaron un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, «pidiendo la suspensión de todas las multas hasta tanto se efectivice plenamente al cuerpo de inspectores a la planta del Estado porteño».
«Lo que reveló esta situación es la situación de riesgo y precariedad extrema de los inspectores, que es una cuestión desde el punto de vista estrictamente laboral. Pero también puso al descubierto una cuestión de legalidad extraordinaria por parte del Gobierno, porque nadie en el Estado puede tener poder de Policía si no es funcionario público», explicó Vera, teniendo en cuenta la función de los agentes.
En esa línea, el referente marcó que hay 2.500 inspectores en el distrito, de los cuales 1.900 son monotribustistas. «Tienen una relación totalmente precaria con el Estado, que no es la de un funcionario público. Por lo tanto, si el Gobierno no regulariza esta situación, todos los conductores de la Ciudad podrían demandarlo, pidiendo un resarcimiento por las multas». Es que las infracciones labradas «(desde el 2013) hasta ahora, carecen de validez».
Si bien reconoció que el Estado puede tener un grupo de monostributistas cumpliendo tareas de mantenimiento, barrido o limpieza durante un tiempo determinado; «lo que no puede tener es a nadie cumplimiento el rol de Policía, afectando propiedad privada, sin que sea funcionario público».
Según Vera, hay una semana estipulada para conocer la manifestación de la Justicia. «Parece que hay una causa (anterior a la muerte de Cinthia Choque) que presentó un conductor, que tiene algunas similitudes (con la última presentada). Si se establece alguna conexidad, quedaría en el Juzgado Contencioso N°23 del Dr. Lucas Ferrer. Si no se establece, sería en el transcurso de esta semana el sorteo de un nuevo juez», explicó.