El Ministerio de Educación porteño faltó a la audiencia por asbesto en el Lenguas Vivas

En medio de la incertidumbre por la remoción de una caldera en el Instituto Lenguas Vivas, la Asesora Tutelar de Primera Instancia del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Mabel Oliva, informó que parte del Gobierno porteño no asistió a la cita convocada por la presencia de material cancerígeno en el establecimiento.

La Asesora Titular había llamado al Ministerio de Educación de la Ciudad y a la Agencia de Protección Ambiental (APA), ya que son las dos áreas del Gobierno «que debieran tener intervención». La cartera conducida por Soledad Acuña «no se presentó en la audiencia, ni brindó información de lo que habría ocurrido», mientras que la Agencia estuvo en la segunda instancia del proceso (previamente dio a conocer que no iba a venir y remitió por escrito un informe).

«Lo que nos informa la Agencia es que el procedimiento fue realizado sin su intervención», pese a que debe hacerlo porque «supervisa y autoriza que la empresa que realiza la manipulación haga las cosas conforme a los protocolos vigentes». Sin embargo, Oliva señaló que no participó porque nunca el Ministerio se lo pidió, «ni lo puso en conocimiento que se iba a hacer esta actividad».

En este marco, explicó que hay diferentes etapas «para sacar una caldera que contendría un residuo como asbesto»: manipulación y retiro, transporte, y destino final. En las últimas dos instancias interviene la Secretaría de Ambiente de la Nación. «Esa parte si se garantizó», comentó la especialista, quien agregó que la caldera «fue a otra provincia».

A raíz de la falta de intervención, la APA abrió un expediente y le requirió datos a la cartera educativa del distrito. «Están esperando que les repita la información del procedimiento para evaluar si hay algo más que habría que hacer para resguardar el ambiente en adelante o cómo está la situación de la escuela», manifestó.

Mientras tanto, la escuela «no estuvo cerrada formalmente», aunque funcionó parcialmente. «Hubo mucho problema de desinformación. Ni los papás ni los estudiantes tenían concretamente la información que diera cuenta si efectivamente se había sacado la caldera, cuándo se había sacado, cómo se había sacado, cómo estaba el ambiente ahora y el aire en el colegio, si había algún factor de riesgo», detalló.

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