Hace dos meses, el presidente de la Fundación Rumbos, Eduardo Joly, presentó un amparo colectivo contra la aplicación del Código de Edificación, aprobado por la Legislatura porteña, ya que los planteos previos «cayeron en oídos sordos».
Además, hizo hincapié en la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y el respeto del proceso en las audiencias públicas, fundamentando sus decisiones sobre los planteos ciudadanos.
La demanda cayó en el Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, que se declaró competente para el trámite de inconstitucionalidad por violación del derecho de participación ciudadana. Sin embargo, planteó que los reclamos puntuales no son de su competencia. De esta manera, señaló que deben tramitarse en el Tribunal Superior de Justicia.
Por esta razón, Joly explicó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, porque la resolución menoscaba su derecho constitucional a una sentencia debidamente fundada en el derecho vigente y lo priva de la garantía de la protección judicial efectiva. Ahora, deberá esperar si el Tribunal le da la razón a la magistrada o se hace cargo.