Tras los hechos acontecidos en el penal de Devoto que precipitó otros reclamos similares en otros establecimientos penitenciarios y la consiguiente negociación con agentes del poder judicial, fue otorgada la prisión domiciliaria a más de 1700 presos.
En la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías. Hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
Al comienzo de la pandemia el Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. Mientras que en los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.
Esas nóminas fueron confeccionadas inicialmente en el marco del hábeas corpus colectivo que presentaron las 19 defensorías generales de la Nación y fue tomada por el Ministerio de justicia bonaerense, que impulsó la liberación de presos, según reconoció el juez de Casación bonaerense Víctor Violini en una sentencia.