El Ministro de Economía Martín Guzmán propuso un atajo legal, ante la negativa de bonistas “duros”.
Guzmán estaría en condiciones legales de cerrar un canje de la deuda si obtiene al menos dos variables de las tres previstas en el artículo 65º: un mayor plazo para pagar, una quita del capital adeudado o reducir los intereses que se perciben por los títulos emitidos.
Lo que se pretende con el decreto es la suspensión del Artículo 65º de la Ley de Administración Financiera que sostiene: “El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública (…) mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
