El presidente se metió en la Ciudad con el argumento de la pandemia

El juez federal Esteban Furnari revocó el fallo de la Justicia porteña que habilitaba la apertura de las aulas porteñas y pidió que se anulara el documento. 

La fiscal Karina Cicero resaltó en el texto que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández irrumpía contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a materias «estrictamente locales, como la educación». En el DNU, Fernández suspendió la presencialidad en las aulas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril. 

Entre sus argumentos, Furnari ordenó dejar sin efecto la resolución porque, según él, el Poder Judicial de la Ciudad no tenía competencias sobre un DNU publicado en el Boletín Oficial. Asimismo, advirtió que el texto de Cicero generaba confusión e incertidumbre en la sociedad.

No obstante, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revisara la constitucionalidad del DNU y confirmó que las escuelas seguirán abiertas hasta que la Corte se expida.

Entre tanto, a través de Twitter, Fernández reprodujo el discurso de la legisladora Lorena Pokoik, que acusaba a Larreta de cometer el delito de desobediencia; y del vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, que señalaba que el alcalde porteño gobernaba «con bronca».

Sin embargo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, remarcó que el Estado nacional podía entrometerse en una jurisdicción a través de una ley del Congreso o del estado de sitio. Pero, según él, Fernández decidió meterse con el argumento de la pandemia. 

A la vez, explicó que Furnari debió haberle pedido a la Cámara porteña que se inhibiera; y si le decían que no, recurrir a la Corte. Contrariamente, el magistrado revocó el fallo de la Justicia local y, en la teoría de Fargosi, no pidió ni leyó el expediente. 

Al mismo tiempo, el especialista destacó que la Constitución preveía los momentos de crisis con la intervención federal, vía el Poder Legislativo, y con el estado de sitio, que limita algunos derechos en el marco de una invasión externa o de una conmoción interna.