10 años de incumplir la Ley de Salud Mental

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó su informe «Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”, que es el resultado del análisis realizado anualmente sobre los recursos que destina el Estado a garantizar los derechos humanos y salud mental. El objetivo es saber cómo éstos han evolucionado en los últimos años y los recursos que se destinan durante el 2021 en esa materia.

“El Estado nacional tiene una obligación a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental de 2010, que la de destinar el 10 % del presupuesto total de salud a salud mental y además, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben adoptar este mismo criterio”, aseguró Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ.

Asimismo, Quiroga, remarcó que dicha ley “dispuso la sustitución del modelo manicomial, basado en el encierro y el aislamiento por uno de salud mental comunitaria que promueva una mejor atención de la salud y que permita la vida en comunidad y la inclusión social de las personas con padecimiento mental”. Sin embargo, en esta primera década, según el informe, no se han producido cambios estructurales tendientes a modificar el sistema de atención a estas problemáticas y gran parte del presupuesto asignado se deriva a los hospitales psiquiatricos.

A nivel nacional pueden identificarse 4 entidades con gasto en salud mental: el Ministerio de Salud (en particular la “Actividad Apoyo y Promoción de la Salud Mental”), los 2 hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. “Laura Bonaparte” y Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Durante el año 2021, la suma de los recursos totales de estos organismos representará tan solo el 1,47% del gasto total de salud, lo que se encuentra muy por debajo del mínimo dispuesto en la norma 26.657.

Por último el abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, Eduardo Quiroga, enfatizó “Ésta situación es particularmente grave porque nos encontramos ya a más de 10 años de la sanción de la ley, porque el año pasado venció el plazo para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos y porque no se ha avanzado en la transformación estructural del sistema de atención. Es por eso que es importante no solo aumentar los recursos, sino como comenzar a redirigirlos hacia la atención comunitaria».

Además, ACIJ, lanzó argentinasinmanicomios.acij.org.ar, un sitio web que tiene como objetivo contar las historias de las personas que sobrevivieron al encierro psiquiátrico y desarticular los prejuicios que pesan sobre ellas, generar conocimiento sobre la ley y sobre la situación actual de la salud mental en Argentina, relevar y difundir modelos de salud mental comunitaria, compartir reflexiones y análisis sobre lo sucedido en estos años, y llamar a la movilización para exigir que se cumpla la ley 26.657. 

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