El proyecto de ley que obliga a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a inscribirse en un «Registro de emprendedores» dependiente del Gobierno obtuvo media sanción en el Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el responsable de Políticas Públicas de ASEA, Alejandro Ramírez, destacó que Argentina no generaba empleo privado hacía 12 años, y que, en ese tiempo, se reportaron 1.500.000 más de personas con capacidad de trabajar.
A la vez sostuvo que el país desincentivaba la creación de empresas, y que se había retornado al concepto de que el que quiere levar a cabo un proyecto era un motociclista del Estado. En ese sentido detalló que la idea de norma planteaba el retorno a los trámites en papel debido a que, según el texto, lo digital no garantizaba seguridad.
Al mismo tiempo, Ramírez detalló que las SAS incorporaban empleados a un 15% anualmente, y que el sector público era el único que había crecido durante la pandemia. También detalló que los trabajos informales representaban a un 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
Además sostuvo que, gracias al cepo cambiario, la economía del conocimiento tenía el problema de la fuga de personas, que, según él, exportaban servicios hacia el exterior y se abrían una billetera virtual en otro país para evitar que el Estado los dejara solo con $60 por dólar.
El escrito fue presentado por el senador Oscar Parrilli, y la Cámara alta lo votó en junio del año pasado, en pleno auge del COVID-19.