Ernesto Montecino Odarda, abogado, explicó en FRECUENCIA ZERO que representa a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la causa Lago Escondido, quien también es su madre. Sin embargo, aseguró que es abogado fuera de la administración pública, con lo cual no pertenece al INAI.
En cuanto a la investigación de la venta de terrenos fiscales federales llegó a la conclusión de que fue una operación realizada en 1996 sobre la base de mentiras y complicidades de los funcionarios de Río Negro y de la Nación, pero la causa nunca llegó a una resolución y terminó prescribiendo en el 2021.
Por su parte, Montecino Odarda explicó: «Es una compra denunciada fraudulenta, porque es zona de frontera y está prohibido por ley. Los dueños de la tierra es la familia Montero, que le compra las tierras una empresa de capitales argentinos esquivando así la ley de seguridad de frontera. Luego cuando van a inscribir la compra al Registro de la Propiedad Inmueble la inscriben a nombre de Hidden Lake la empresa de Lewis».
Situación actual
El conflicto se inicia cada año para el verano porque según la sentencia de 2009, a la que hizo referencia el abogado, exige que se garantice el ingreso a los senderos de Lago Escondido; sin embargo la zona no está aún habilitada para el acceso al público.
Este año la consigna para el pedido de acceso a la zona de Lago Escondido, prohibida por el empresario británico, era equipararlo a la soberanía de las Islas Malvinas, porque es un problema de «soberanía». Al ser consultado por la consigna, Montecino Odarda afirmó que le parece correcta. El conflicto de Lago Escondido para el abogado es «político» y de «soberanía», más que jurídico. Sin embargo, el pedido de acceso público a los senderos para la llegada al Lago Escondido, que es una causa más que válida, no es equiparable a la soberanía de las Islas Malvinas, porque lo que se está pidiendo es el acceso a la zona, pero no a un territorio que no se puede ingresar.
Finalmente, el abogado contó que el 9 de marzo habrá una audiencia en Bariloche, que pedirán que sea pública, donde el tema seguirá trabajándose en lo jurídico y es posible que haya una resolución de la causa.