La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el control del Consejo de la Magistratura, tras la asunción de su presidente, Horacio Rosatti, como nuevo titular del organismo responsable de seleccionar y remover jueces.
Por otro lado, la Corte Suprema le pidió ayer al juez federal de Paraná, Daniel Alonso, el envío del expediente de la causa que frenaba la acción del Congreso para nombrar a los dos representantes.
Durante una votación especial, el Consejo había votado la semana pasada la designación de Alberto Lugones, quien era el responsable del organismo, como presidente interino y le había delegado una serie de atribuciones para que el funcionamiento siga bajo su mando.
En medio de esta situación, el ex constituyente, Antonio María Hernández, se remontó al debate de la Convención para explicar el tema. Antes de la reforma, la designación de los jueces lo hacía el Presidente con acuerdo del Senado, lo que significaba un enorme peso del sector político. Por lo tanto, el objetivo de fue alejar tanta determinación de los dirigentes.
En 2006 se pasó a la Ley 26.080 para reducir la cantidad de miembros de 20 a 13, por iniciativa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dándole mayor predominio al sector político. «Alejándose del espíritu de la Constitución para dominar la Justicia», afirmó Hernández. Si bien las dos academias nacionales de derechos la calificaron de inconstitucional, la Corte tardó 15 años para dar una sentencia.
«Ese fallo dio 120 días para sancionar una nueva Ley, y si eso no ocurría tenía que volverse a la integración de 20 miembros. Para cumplir ese fallo, queda nada más la integración de dos legisladores que deben corresponder a la segunda minoría de cada una de las Cámaras», explicó el profesor en derecho constitucional.
Siguiendo su argumentación en diálogo con FRECUENCIA ZERO, señaló que la Ley de 1997 decía que el presidente del Máximo Tribunal podía asumir el mando del Consejo. Por lo tanto, consideró que no es ninguna novedad, porque ya ocurrió en la Argentina y todavía ocurre en la mayoría de las provincias.
De este modo, el abogado desprendió una pregunta: «¿Por qué este escándalo institucional, que muestra la debilidad y muy baja calidad institucional de la Argentina? Porque el oficialismo quiere seguir controlando al Poder Judicial. El interés mayor está en las causas de corrupción. Es la búsqueda lisa y llanamente de impunidad».