Por medio de un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se dio una sentencia histórica en la Ciudad de Buenos Aires: las escuelas privadas ya no podrán excluir a estudiantes con discapacidad.
A pesar de que el derecho a la educación inclusiva está reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008, las familias no conseguían vacantes para sus hijos. Las instituciones argumentaban no tener personal idóneo o no trabajar con integración; o les decían que había lugar y al conocer a la niña/o les comunicaban que ya no.
Celeste Fernández, abogada y directora adjunta de ACIJ, explicó en diálogo con Frecuencia Zero que, al ver que era una situación recurrente y que eran muchas las personas que les consultaban por esa problemática, plantearon esta demanda colectiva en 2019.
El pasado 23 de junio, el Juzgado N.° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo. En su decisión, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del Gobierno; y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
Además, Fernández aclaró que la magistrada fijó una serie de puntos para cumplir con lo dictaminado, tales como «establecer un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas».
El pasado 23 de junio, el Juzgado N.° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar a la acción de amparo. En su decisión, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del Gobierno; y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
Además, Fernández aclaró que la magistrada fijó una serie de puntos para cumplir con lo dictaminado, tales como «establecer un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas».