La semana pasada el Gobierno porteño anunció que tomaría control del acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero lo que no especificó fue de qué manera.
Si bien la controversia sobre las grúas viene de meses anteriores, con el informe de la Auditoría de CABA, la presión surgió desde el propio partido cuando Carrió afirmó: «Denuncié en silencio las grúas en la Ciudad». Y luego con el legislador Facundo del Gaiso, cuando aseguró: «Mañana la Coalición Cívica presentará un proyecto de ley para asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo después de 21 años de servicio irregular. Y vamos a suspender el servicio de acarreo hasta que se adjudique la nueva licitación».
Ahora se abre otro capítulo con AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) a cargo del servicio de acarreo.
Según señalaron desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad, su titular Jonatan Baldiviezo, en diálogo con Frecuencia Zero, apuntó: «La decisión de estatizar se tomó en solo seis horas y, dentro de las mismas, se le informó a AUSA que se haría cargo, sin un informe ni justificación».
«La licitación está preparando un nuevo negocio: el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le otorgará a las concesionarias 1.000.000 millones de anticipo financiero para que compren las grúas y adecuen las playas de remisión de vehículos, es decir, cero inversión privada. Por otra parte, el Ejecutivo porteño, pagará $29.017 por acarreo a las concesionarias, cuando hasta ahora cobraban $6525. El GCBA garantiza un pago mensual que implica una ganancia casi cinco veces mayor, sin riesgo empresarial», sentenció Baldiviezo.