Tras los dichos del kirchnerismo más duro de pedir al presidente Alberto Fernández el indulto en caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada, comenzó a surgir un contrapunto entre quienes interpretan que la Constitución permite llevar a cabo un indulto en casos de corrupción y otros que no.
Sin embargo, resta escuchar a la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento no se hizo eco del asunto. Los constitucionalistas entienden, de acuerdo con el artículo 36, que el indulto no le corresponde, pero está en «manos» de la Corte.
Ahora bien, en cuanto a la acusación de la vicepresidenta se generó tal revuelo que muchos atribuyen la falta de pruebas. Pero para llegar a la instancia de juicio oral, se investiga que las pruebas sean suficientes y luego se da lugar a la acusación. «Pruebas para sostener una acusación hay. Después, lo que se discute en el juicio es si estas pruebas tienen la contundencia suficiente como para acreditar la culpabilidad del acusado y adecuar esas conductas a los tipos penales que se le han imputado a la persona», explicó el profesor de derecho constitucional de la UBA en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
Pasados los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, es el momento de la defensa para controvertir a los fiscales e intentar demostrar que las pruebas no tienen la contundencia suficiente para lograr una condena respecto del acusado.
Asociación ilícita y administración fraudulenta
Además, Gil Domínguez dio su punto de vista acerca de los tipos penales que se le imputan a Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la figura de asociación ilícita es «controversial», porque presupone una banda integrada por tres o más personas con un acuerdo explícito que se mantiene en el tiempo, con un plan criminal de cometer varios delitos. Sin embargo, en el planteo de administración fraudulenta contra el Estado entiende que hay un marco probatorio para acusar.
Para la figura de asociación ilícita, el fiscal hizo un planteo en el que se basa en leyes de presupuesto y decretos aprobados por el Congreso, asignaciones presupuestarias que han sido firmadas por los jefes de Gabinete. De esta manera, «si existía un plan criminal o una banda tendrían que estar todos juzgados o integrados en esta banda».
En tanto, en la figura de administración fraudulenta contra el Estado hay un «marco probatorio para acusar y mantener la acusación», porque aprobar partidas presupuestarias para obra pública no es un delito, es un funcionamiento normal del Estado. Ahora bien, el problema es si en la asignación de esas partidas se cometen «delitos fraudulentos contra la administración», ya sea porque está direccionada, no hay competencia, no se hacen las obras o se las hace mal y se cobra, por sobreprecio, entre otras.