A partir del próximo mes, el presidente Alberto Fernández tendrá un nuevo jefe de asesores. Se trata del ex-CEO de Syngenta, Antonio Aracre, quien renunció a su puesto recientemente, luego de 36 años en la actividad privada.
Antes de su juramento, el nuevo integrante del Gabinete aceptó la invitación del mandatario para «temáticas transversales y no específicamente para el agro», teniendo en cuenta que cada cartera cuenta con especialistas. En este sentido, aparece destrabar una mesa de consenso político, encontrando temas de interés para acortar distancias y que el próximo gobierno gestione sobre una base en común.
Aracre simpatiza con conceptos de la doctrina peronista y se considera progresista en lo económico, con una mirada productivista y desarrollista. De hecho, aseguró que la tradición del movimiento es promover el desarrollo, incluyendo la recuperación del poder adquisitivo y el derecho de los trabajadores; por lo que indicó que habría que resignificar la frase de la marcha ‘Combatiendo al capital’. No obstante, se calificó liberal en lo político: «Me gustan los regímenes que respetan todos los derechos de todas las personas».
Por otro lado, el ex-CEO se refirió al pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. «Es una herramienta prevista dentro de la Constitución y del esquema democrático. Para que eso prospere debería tener una mayoría indiscutida», sostuvo en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
Desde el punto de vista de la seguridad jurídica para las inversiones y empresas, planteó una preocupación al «ver la connivencia entre algunos sectores del Estado, la Justicia y algunas empresas concesionarias de servicios, que también despierta suspicacias si estos mensajes que se difundieron son ciertos».
«A todos nos preocupa por igual el origen legal de esas escuchas. Ojalá que la Justicia investigue esto, y se entienda cómo se generó y cómo se para esa situación. Pero no podemos negar que hay un contenido muy reñido con la ética, que también debería investigarse y los mismos funcionarios deberían promover una investigación que deje en claro cuán involucrados están o no con estos aspectos», cerró.