Claves de la nueva Ley Ómnibus que se viene

El gobierno nacional presentó, en horas de la noche del martes, el último borrador de la nueva versión de la Ley Bases, el cual fue enviado tanto a gobernadores como a representantes de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados. La “Ley Ómnibus Bis” presenta una considerable reducción de artículos (de 600 pasó a 279), y deja de lado cuestiones vinculadas a la seguridad o la cultura, entre otras. El Ejecutivo pretende que el proyecto se presente oficialmente en el Congreso esta semana para que su tratamiento en comisiones inicie la próxima. El objetivo de Javier Milei es que pueda llegar al recinto a finales de abril. 

Entre los puntos más destacados, se encuentra la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, en tanto que el Ejecutivo deberá informar al Congreso de forma mensual sobre el ejercicio de sus facultades delegadas. Asimismo, se redujo el listado de empresas a privatizar, que pasaron de ser 40 en enero a 18, actualmente. Las empresas que atravesarían una privatización completa serían Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo SAU, mientras que entidades tales como Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, entre otros, tendrían una privatización parcial en la que el Estado deberá mantener una participación mayoritaria. 

Lo curioso es la ausencia de la reforma laboral. Sin embargo, todo indica que la Ley Bases la incluirá de forma indirecta, mediante la presentación de un proyecto de ley a cargo del bloque de la Unión Cívica Radical. La estrategia sería que la iniciativa copie, en parte, lo establecido por el DNU 70/2023, el cual fue suspendido por la justicia. De esta forma, podría ser incorporado a la Ley Ómnibus durante su tratamiento en el plenario de comisiones. No obstante, el proyecto estaría exento de temas vinculados con los gremios, los aportes sindicales, los fondos de las obras sociales o la prohibición de protestas y asambleas.

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