La discusión sobre cómo medir la pobreza volvió al centro de la agenda luego de que distintos especialistas marcaran inconsistencias y limitaciones en los indicadores tradicionales del INDEC. Mientras el organismo continúa basándose en metodologías diseñadas hace más de tres décadas, una por ingresos y otra por necesidades básicas insatisfechas, investigadores y universidades advierten que estas herramientas ya no alcanzan para describir la complejidad social actual. Según mediciones alternativas, como la de pobreza multidimensional, el porcentaje de argentinos afectados por alguna privación sería más del doble del registro oficial.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Martín Maldonado, investigador del CONICET, sostuvo que los indicadores vigentes del INDEC “quedaron obsoletos” porque solo capturan una parte del fenómeno. Explicó que la medición por ingresos, aquella que arrojó una pobreza del 31,6%, únicamente observa si un hogar cuenta con dinero suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Pero ese método, remarcó, “no sirve en contextos de alta inflación”, porque se ve distorsionado por cambios bruscos en los precios. El especialista comparó esta situación con un análisis de sangre realizado inmediatamente después de comer: “No es que el paciente esté enfermo, sino que el resultado quedó alterado”.
Maldonado afirmó que la medición que más se aproxima a la realidad es la pobreza multidimensional, utilizada oficialmente en países como México, Brasil y Chile. A diferencia de los indicadores tradicionales, este enfoque evalúa 250 variables que incluyen medio ambiente, vivienda, empleo, salud, educación, acceso a servicios, género, salud mental, uso del tiempo libre y participación política. Para dimensionar la diferencia, mencionó que mientras la pobreza por ingresos mide una sola variable, la multidimensional requiere cuestionarios de 16 páginas y un día completo de relevamiento por hogar. “La pobreza dejó de ser una sola cosa”, subrayó.
El investigador también explicó por qué Argentina no adopta aún ese sistema: su implementación es técnicamente compleja y, sobre todo, políticamente costosa. Reconocer que alrededor del 67% de la población vive con alguna carencia, como indican las mediciones no oficiales, implicaría admitir un nivel de desigualdad mayor al que hoy reflejan los datos y, en consecuencia, obligaría a multiplicar la inversión social en todas las áreas. “¿Qué gobierno querría asumir ese número y salir al día siguiente a triplicar los programas?”, planteó. Para Maldonado, avanzar hacia una medición más completa no solo actualizaría la mirada sobre el problema: también permitiría diseñar políticas que respondan a cada dimensión de la vulnerabilidad, más allá del ingreso.
