La reforma integral del Código Penal que impulsa el gobierno nacional pronto ingresará al Congreso con la promesa de actualizar un sistema vigente desde 1921. El proyecto, presentado por Patricia Bullrich antes de dejar el Ministerio de Seguridad, propone endurecer penas, incorporar nuevas figuras como cibercrimen y ecocidio, y volver imprescriptibles delitos graves. Sin embargo, el debate crece entre especialistas que advierten que el aumento punitivo no necesariamente logra reducir la delincuencia y que la discusión de fondo debería girar en torno a las causas estructurales del delito.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leonardo Martínez Herrero, abogado penalista y ex subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, cuestionó la necesidad de la reforma y aseguró que “es un jueguito para la tribuna”. Sostuvo que el endurecimiento de penas no tiene efectos reales sobre la disminución del delito, porque quienes delinquen “no están pensando en la pena que les van a aplicar”. Para el especialista, la política criminal debería concentrarse en atacar las raíces: educación, trabajo, contención social y políticas que eviten el “primerismo”, es decir, la primera incursión en el delito, momento a partir del cual, asegura, el sistema ya llega tarde.
Martínez Herrero también se refirió a la baja de la edad de imputabilidad, uno de los puntos más discutidos del proyecto. Recordó que los delitos cometidos por menores representan apenas el 0,2% del total y calificó como “un error conceptual” plantear que la solución es bajar la edad a 14 años. “Si un chico comete un delito, es porque falló todo el sistema: la educación, la contención, los clubes de barrio. El Estado debería trabajar ahí, no solo en sancionar”, afirmó. Y advirtió que los institutos de menores funcionan incluso peor que las cárceles, generando más violencia y reincidencia.
Sobre la imprescriptibilidad de delitos graves, Martínez Herrero expresó acuerdo en ciertos casos, como abusos que se revelan décadas después o situaciones en que una persona permanece prófuga, pero alertó que el sistema judicial argentino “es pésimo, especialmente el federal”, lo que dificultaría una aplicación justa y equilibrada del nuevo régimen. También planteó que combatir delitos complejos como el narcotráfico exige atacar el flujo de capitales y no solo detener a eslabones menores. En suma, advirtió que la reforma puede servir como gesto político o como acto de reparación a víctimas, pero no resolverá el problema central: la reducción real del delito en un país atravesado por crisis sociales y económicas.
