El pasado 31 de diciembre, cerca del brindis por el año nuevo, el gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que introduce una reforma integral al sistema de inteligencia nacional. La norma modifica más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia, restituye estructuras disueltas y amplía las facultades de los organismos del área, lo que motivó la presentación del primer amparo judicial para frenar su aplicación. Organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, advirtieron que los cambios ponen en riesgo garantías constitucionales básicas, al habilitar mecanismos de vigilancia y control con escasos límites y controles democráticos.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas, explicó que el amparo presentado junto a otros legisladores se apoya tanto en cuestiones formales como de fondo. Señaló que el DNU “no cumple con los requisitos del artículo 99 de la Constitución”, ya que no existía una situación de necesidad y urgencia que justificara legislar por decreto, y remarcó que, además, introduce modificaciones en materia penal expresamente vedadas por la Carta Magna. “Un decreto firmado entre gallos y medianoche, el 31 de diciembre, no puede redefinir un tema tan sensible como la inteligencia”, afirmó.
En ese sentido, Paulón advirtió que la reforma habilita prácticas que podrían derivar en espionaje interno y persecución política, al permitir que agentes civiles actúen sin controles claros y al incorporar un paradigma de contrainteligencia que convierte a amplios sectores de la sociedad en potenciales sospechosos. “Esto pone en riesgo libertades democráticas elementales y abre la puerta a la vigilancia sobre periodistas, opositores y organizaciones sociales”, sostuvo, y anticipó que, además de la vía judicial, buscarán que el Congreso rechace el DNU cuando se habilite su tratamiento parlamentario, para que cualquier cambio en el sistema de inteligencia sea debatido de manera abierta y democrática.
