La Argentina volvió a mostrar un retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 que elabora Transparencia Internacional: cayó cinco puestos y se ubicó en el lugar 104 sobre 182 países, con 36 puntos sobre 100. El resultado, conocido en el segundo año de gestión de Javier Milei, consolida una tendencia de estancamiento en niveles bajos y reabre el debate sobre la calidad institucional, la independencia de los organismos de control y el impacto político de los casos que involucran a funcionarios.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, aseguró que “hay una falta de decisión política hace muchos años” y sostuvo que la Argentina se mueve históricamente “entre los 30 y los 40 puntos”, lo que la deja “muy rezagada y vista como un país en el cual la corrupción es moneda corriente”. Para el referente del capítulo argentino de Transparencia Internacional, el problema no se resuelve con discursos sino con instituciones sólidas: “Esto se tiene que combatir respetando las instituciones y teniendo funcionarios probos que no dependan del poder de turno”. También remarcó la necesidad de un Poder Judicial que actúe con celeridad y de un Congreso que impulse “ciertos cambios normativos para mejorar la ética pública”. En ese sentido, advirtió que la ley de ética pública vigente “es muy vieja” y que faltan normas modernas en materia de compras, contrataciones y protección de denunciantes.
Secchi explicó además que el índice se construye a partir de ocho fuentes internacionales que relevan la opinión de expertos e inversores sobre corrupción, democracia y acceso a la información, lo que le da solidez comparativa aunque mida percepción. Para el especialista, la corrupción “no es inevitable al 100%, pero es reducible a partir de instrumentos y herramientas”, y el eje debe estar en organismos de control independientes: “El Ejecutivo, si se lo deja solo, es un problema”. También advirtió sobre una tendencia regional y global preocupante, vinculada a “restricciones al acceso a la información pública, a los medios de comunicación y a la sociedad civil”, fenómenos que —según señaló— debilitan los controles y favorecen prácticas opacas. A su juicio, aunque la ciudadanía reconoce que la corrupción afecta la vida cotidiana, “no es el punto decisivo a la hora de votar”, ya que suele quedar relegada frente a otras prioridades como la economía o la seguridad.
