La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, donde legisladores de la oposición solicitaron impugnar las audiencias públicas al denunciar fuertes irregularidades en su desarrollo. El reclamo apunta a la limitación en la participación ciudadana y a presuntas maniobras que habrían alterado el proceso, en un contexto de alta sensibilidad por el impacto ambiental del proyecto.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la Diputada de la Nación Gabriela Estévez cuestionó la validez de la audiencia al sostener que “se cercenó la participación de manera escandalosa”, ya que más de 100 mil personas se inscribieron, pero solo pudo exponer una mínima porción. Además, denunció que hubo personas no registradas que tomaron la palabra y que se priorizaron exposiciones a favor del proyecto, mientras que a quienes manifestaban críticas “les cortaban el micrófono”. Para la legisladora, el proceso “no fue más que una formalidad para evitar la judicialización”.
Estévez advirtió que insistirán con la impugnación administrativa y no descartó avanzar en la vía judicial para frenar el tratamiento del proyecto. En ese sentido, calificó la iniciativa como “regresiva en términos ambientales” y alertó que pone en riesgo zonas protegidas clave para la preservación del agua. “No es una ley anti minería, es una ley de protección del agua”, remarcó, al tiempo que subrayó que permitir la intervención en áreas periglaciares podría afectar el abastecimiento de ríos y, en consecuencia, la vida cotidiana y la producción en todo el país.
