La decisión del Gobierno de suspender las acreditaciones de periodistas en Casa Rosada y avanzar con el cierre de la oficina de prensa generó un fuerte rechazo en el ámbito periodístico y político. La medida, que se conoció tras la difusión de un informe televisivo que mostraba imágenes del interior del edificio, fue interpretada por distintos sectores como un retroceso en materia de acceso a la información pública y transparencia institucional.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista acreditado Juan Pablo Kavanagh cuestionó la medida al considerar que “no se justifica una sanción generalizada” a todos los acreditados por un hecho puntual. Según explicó, la reacción inicial había sido la quita de la credencial al periodista involucrado, pero remarcó que el Gobierno “se tomó 48 horas” para avanzar con una decisión más amplia que, a su entender, busca instalar otro eje en la agenda pública en un contexto adverso para la gestión. También relativizó el impacto del informe en términos de seguridad y señaló que en la Casa Rosada existen antecedentes de registros audiovisuales sin consecuencias.
El periodista además advirtió sobre un creciente hermetismo en la relación entre funcionarios y prensa desde el inicio de la actual gestión, con mayores restricciones en la circulación y menor contacto con las fuentes oficiales. En ese marco, defendió la presencia de periodistas acreditados como un elemento clave para la calidad democrática: “La sociedad merece saber qué hacen y qué piensan los funcionarios”, sostuvo, y subrayó que la cobertura diaria contribuye a un mayor control sobre la gestión pública.
