Tras la presentación de la «Ley de Leyes» en el Congreso por parte del Gobierno nacional, las organizaciones denunciaron contundentes recortes en el área de Discapacidad: se prevé una caída del financiamiento del 13,9% respecto de 2026 y un 19% respecto del 2023. Sin embargo, mayor preocupación despertó la intención del gobierno por eliminar el Nomenclador Único para que cada prestador pueda negociar su tarifa de servicio por separado, así como también eliminar la posibilidad de cobrar una pensión por discapacidad y trabjaar en relación de dependencia, entre otras cuestiones.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Cruz San Martín Macia, abogado especialista en discapacidad, cuestionó al Ejecutivo y denunció que «hay un interés explícito en beneficiar a las prepagas», al señalar los vínculos empresariales entre el ministro de salud, Mario Lugones, con un importante sanatorio y una entidad privada de cobertura médica. En cuanto a la «motosierra» en el Presupuesto, el letrado sostuvo que «el 75% de las partidas de Discapacidad provienen de un fondo solidario que se nutre de aportes jubilatorios», por lo que las partidas presupuestarias no implican una «erogación al Estado».
Respecto del nuevo proyecto presentado por el Gobierno, San Martín Macia consideró que no representa un cambio sustancial. “Yo creo que la intención es desfinanciarlo completamente”, sostuvo, y cuestionó que la propuesta mantenga aspectos que, según su interpretación, no garantizan el funcionamiento del sistema. El abogado también recordó que continúan los reclamos judiciales por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y señaló que “tenemos una ley que se cumple en un 30%”.
