Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA reveló que el 15% de los trabajadores asalariados del país sufre inseguridad alimentaria, y que incluso entre quienes tienen empleo formal el 7% enfrenta dificultades para acceder a una alimentación suficiente y de calidad. El estudio advierte sobre un problema estructural que trasciende la falta de empleo y refleja las profundas desigualdades de ingresos y protección social en la Argentina.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el investigador del Observatorio, Eduardo Donza, explicó que la medición se basa en una encuesta que la UCA realiza desde 2004 y que indaga sobre la necesidad de reducir raciones por motivos económicos. “Es un indicador validado a nivel mundial, y lo preocupante es que incluso entre los trabajadores registrados, es decir, los que cuentan con aportes y mayor estabilidad, el 7,4% atraviesa inseguridad alimentaria”, señaló. Según Donza, esta situación muestra que la registración laboral no solo debe garantizar el cumplimiento de las normas, sino también condiciones dignas de vida.
El investigador vinculó estos resultados con la pérdida del poder adquisitivo ocurrida tras la devaluación de diciembre de 2023, que derivó en una inflación mensual del 25%. “En ese contexto, los argentinos perdimos más del 50% de capacidad de compra en apenas dos meses. Aunque la pobreza haya bajado levemente desde aquel pico del 52%, sigue en torno al 35 o 36% de la población, un nivel inaceptablemente alto para un país como el nuestro”, advirtió. Donza remarcó además que las mujeres y los jóvenes son los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria.
Para el especialista, el problema de fondo radica en la falta de una estructura productiva sólida que genere empleo de calidad. “Mientras no se produzca más y mejor, no habrá un cambio real”, sostuvo. En ese sentido, reclamó la creación de políticas de Estado consensuadas entre gobiernos, sindicatos y sectores empresarios, y descartó que una reforma laboral por sí sola pueda resolver la crisis. “No se trata de flexibilizar o de volver atrás en derechos: se trata de construir un proyecto de país que articule producción, trabajo y bienestar”, concluyó.
