La victoria judicial por YPF reabre el debate sobre la expropiación y la política energética
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$ 18 mil millones por la expropiación de YPF y consideró que la jueza Loretta Preska había interpretado de forma errónea la legislación argentina. El fallo, que representa un alivio para el Estado nacional, devuelve ahora el expediente a primera instancia y reabre la discusión sobre cómo se llevó adelante la estatización de 2012.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo celebró la resolución judicial al definirla como una ratificación de la legalidad de la estatización y un freno a una condena “descomunal” que, con intereses, ya rozaba los US$ 18 mil millones. El economista destacó el trabajo del equipo de abogados del Estado, al que atribuyó el resultado, pero al mismo tiempo cuestionó que el presidente Javier Milei intentara capitalizar políticamente el fallo pese a haber sostenido, según remarcó, una postura favorable al pago de la demanda en los meses previos.
A la vez, Castillo también apuntó contra el kirchnerismo y pidió no leer la resolución como una validación total de cómo se ejecutó la expropiación. Recordó el ingreso del Grupo Petersen, la permanencia de YPF como sociedad anónima tras la toma del 51% y los acuerdos posteriores vinculados a Vaca Muerta como decisiones que, a su juicio, ayudaron a desencadenar el litigio. Desde esa mirada, sostuvo que la victoria judicial no borra las responsabilidades políticas acumuladas por los distintos gobiernos en torno a la petrolera.
