El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido como Ley de Lobby, comenzó a debatirse en el Congreso con el objetivo de regular y transparentar los contactos entre funcionarios públicos y quienes buscan influir en decisiones estatales. Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que algunos artículos podrían afectar el trabajo de entidades dedicadas al control ciudadano y al monitoreo de la gestión pública.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló que la principal objeción radica en que la iniciativa no distingue entre quienes defienden intereses económicos particulares y las organizaciones que promueven causas de interés público. Según explicó, las ONG ya presentan balances, memorias y datos sobre financiamiento ante los organismos correspondientes, pero el proyecto exigiría además informar con detalle reuniones, contactos y actividades, lo que consideró una posible intromisión en su labor. También remarcó que el modelo propuesto no se corresponde con la legislación vigente en Estados Unidos, pese a que el texto oficial lo toma como referencia.
Asimismo, Secchi cuestionó el régimen de sanciones previsto en la iniciativa, ya que contempla penas de prisión para representantes de organizaciones o actores privados que omitan registrar determinadas gestiones, mientras que para funcionarios públicos solo prevee sanciones administrativas. A su entender, se trata de una medida “totalmente excesiva” y advirtió que podría convertirse en un mecanismo de control sobre la actividad de la sociedad civil. No obstante, se mostró confiado en que el debate parlamentario permitirá introducir modificaciones y abrir una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la transparencia sin afectar el trabajo de las organizaciones que supervisan al Estado.
