La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerar que durante el proceso judicial por la causa Vialidad se vulneraron garantías fundamentales y derechos políticos. La estrategia busca que el organismo internacional evalúe el accionar de la justicia argentina, aunque el alcance jurídico de una eventual resolución genera debate entre los especialistas.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Diego Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, explicó que el Comité de la ONU «no es un órgano jurisdiccional de revisión de sentencias», por lo que no puede dejar sin efecto el fallo de la Corte Suprema. Según indicó, la presentación apunta a denunciar una presunta violación de tratados internacionales vinculados al debido proceso y a los derechos políticos, pero primero deberá superar una etapa de admisibilidad y luego dar lugar a un intercambio escrito con el Estado argentino. En ese sentido, sostuvo que una eventual recomendación del organismo tendría más peso político que efectos jurídicos inmediatos.
Además, Armesto descartó la posibilidad de que la expresidenta pueda presentarse como candidata en unas PASO pese a la interpretación planteada por parte de su defensa. Afirmó que las elecciones primarias forman parte del proceso electoral y no constituyen un trámite administrativo independiente, por lo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos también alcanza esa instancia. En consecuencia, remarcó que la condena firme mantiene vigente el impedimento para competir por una candidatura mientras no exista una modificación de su situación judicial.
