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ASÍ FUE LA TRAMA DE PROTECCIÓN Y ENCUBRIMIENTO DE LA CIUDAD EN EL INCENDIO DE IRON MOUNTAIN

Los responsables del Ministerio de Desarrollo Económico e Inversiones del macrismo en la mira, luego del siniestro intencional en Barracas. Francisco Cabrera y Carlos Pirovano, ambos ex HSBC, moldearon un esquema de exenciones impositivas y contratos directos para la empresa, a pesar de que los inhabilitaban clausuras previas al incendio y leyes comunales.

 

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tiene dentro de su cartera de contactos a un aliado empresarial que ahora prefiere olvidar. Fue uno de los mayores interesados e impulsores del Distrito Tecnológico: la zona franca de impuestos y gravámenes para los barrios del sur porteño. El proyecto de promoción «industrial» lleva el sello del PRO desde su desembarco en el gobierno porteño en diciembre de 2007. El diseño del plan para los barrios de Barracas y Parque Patricios tuvo un justificativo estratégico: incentivar el desembarco de empresas en esos conglomerados, históricamente los más postergados de la Capital. A la cabeza de esos auspiciantes originarios está la multinacional Iron Mountain (IRM).

Según consignó Tiempo Argentino, la gestión PRO actualmente prefiere omitir su presencia por el brutal incendio que derrumbó, en diez minutos, a uno de los cuatro depósitos para almacenar documentación que terminó entre las llamas y se cobró la vida de diez bomberos y rescatistas. Todos sucumbieron bajo los escombros de un incendio que, según las pericias de la Policía Federal Argentina, fue intencional y planificado a través de cuatro focos de fuego que consumieron en tiempo récord las instalaciones ubicadas en el 1245 de la calle Azara, muy cerca del límite entre Barracas y La Boca. 

La existencia de un plan para incinerar todo el depósito, y promover la desaparición de documentos sensibles de 600 empresas de primer nivel, fue confirmada por medio de una pericia policial que recién llegó a manos de la justicia un año después del 5 de febrero de 2014. Desde entonces la administración PRO enmudeció de estupor ante la caída de dos paredes que cedieron al fuego sobre un pelotón de rescatistas. La mayoría falleció bajo ladrillos centenarios en estado incandescente.

Ha pasado un año de la tragedia que cambió la fisonomía de Barracas para siempre. Pero debajo de los escombros del derrumbe ardiente hay nombres, rastros y documentos que aportan rutas que la justicia todavía no investigó. Uno de esos caminos tiene que ver con el incombustible ministro de Desarrollo Económico porteño, el mendocino Francisco Cabrera, ex gerente del grupo La Nación y de Máxima AFJP, el fondo de jubilación privada que operó bajo el control del Banco HSBC, la entidad financiera que perdió en el fuego más de 25 mil cajas que llevaban el rótulo «lavado de dinero». El funcionario ya suma siete años de sobrevida en la comuna porteña y tiene bajo su órbita a Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones de la Ciudad y ex compañero de trabajo del ministro Cabrera en HSBC, antes de que ambos desembarcaran en la gestión PRO para diseñar la cartera a su cargo, como un área de la gestión macrista destinada a recibir inversiones y promover el desarrollo económico de zonas como Barracas y Parque Patricios.

COMPLICIDADES Y EXENCIONES. En la arqueología de los registros públicos porteños, el depósito que ardió en Barracas fue habilitado en octubre de 2007, antes de la llegada de Macri al Ejecutivo comunal. Al año siguiente, una de las primeras iniciativas de su gestión fue la sanción de un «Polo Tecnológico» en esos barrios para promover el desembarco de empresas nacionales a internacionales. Para entonces IRM ya contaba con cuatro depósitos dedicados al almacenamiento de documentación en los barrios de Barracas, La Boca, Lugano y Parque Patricios. La mayoría de esos lugares no fueron alcanzados por los beneficios impositivos de la Ley 2792 hasta 2010, cuando el Ejecutivo envió una ampliación de la zona franca. 

Entre los pliegues del olvido selectivo que eligió el PRO para borrar sus relaciones con Iron Mountain hay datos que confirman una estrecha relación económica y política. Una de esas pruebas data del 9 de abril de 2010, cuando Cabrera, Pirovano y un influyente directivo de IRM participaron activamente en una audiencia pública convocada por la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña para escuchar las opiniones de los interesados sobre la ampliación de la ley que, en 2008, creó el Distrito Tecnológico. Dos años después de su creación, el gobierno porteño promovió una ampliación de beneficios, específicamente, para beneficiar a Iron Mountain. 

«Lo que busca esta modificación es permitir que en los barrios de Parque de los Patricios, Nueva Pompeya y Boedo, una zona en la cual se encuentran muchos galpones y depósitos que la deprecian, se instale un tejido mixto residencial y de actividades tecnológicas que convivan conformando un ecosistema de trabajo, estudio y vivienda», defendió Pirovano, ante la atenta mirada del ministro Cabrera y de un esperado expositor que habló con vehemencia en nombre de los inversores tecnológicos. Era Guillermo Lockhardt, el director de Iron Mountain que habló sobre «el funcionamiento de su empresa en el barrio de Parque de los Patricios como ejemplo del desembarco de la industria TIC en el barrio», según reflejó un comunicado oficial del gobierno porteño luego de la audiencia pública del 9 de abril de 2010 en el viejo Concejo Deliberante. 

La ampliación de los beneficios impositivos fue finalmente aprobada por el recinto legislativo, pero el enorme incendio del año pasado revelaría que Iron Mountain no era una empresa dedicada a los desarrollos tecnológicos, sino al almacenamiento de documentación. Papeles sensibles. Pruebas determinantes que se consumieron en el fuego, con una velocidad que no se condice con un accidente, sino con cuatro focos organizados y pensados intencionalmente.

NEGOCIOS, PERICIAS Y ENCUBRIMIENTO. Las llamas quemaron la vista gorda del gobierno porteño y demostraron, hasta hoy, una serie de lazos que confirman una trama de encubrimiento. El fuego derribó un galpón que no registraba controles edilicios y de seguridad laboral. Se quemaron en el siniestro documentos de más de 600 empresas, algunas comprometidas en investigaciones de lavado de dinero y evasión (ver aparte). Buena parte de esas compañías también guardaban archivos en depósitos de Iron Mountain en Londres, Ottawa y Nueva Jersey, todos locales que se incendiaron en forma intencional, con un móvil similar al que arrasó al depósito de Barracas. 

El expediente judicial también enmudece. Además de los acuerdos extrajudiciales hay otro dato curioso: el Ejecutivo porteño nunca se presentó como querellante en la causa que investigaba la intencionalidad del hecho. El incendio de la documentación involucra a buena parte del poder económico. Las pericias policiales entregadas un año después del siniestro confirman que no fue casual. La intencionalidad es mucho más que un dato: también echa luz sobre la relación originaria del macrismo con Iron Mountain que tuvo su bautismo de fuego en 2008, cuando el PRO impulsó la radicación de más de cien compañías en el viejo Polo Tecnológico de Parque Patricios. Una de esas firmas era, justamente, Iron Mountain, y otra de ellas Bank SA, ambas encargadas del oligopolio de «la guarda» de documentos en la Argentina. 

La tarea de la coordinación de acercamiento y posterior radicación de compañías estuvo desde 2007 a cargo de los dos ex ejecutivos del HSBC, Cabrera y Pirovano. Paradójicamente, ese banco perdió más de 25 mil cajas de documentación en el incendio de Barracas. Muchos de esos documentos, junto con otras pruebas, están siendo investigados por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de las pesquisas para saber si hubo complicidad entre Iron Mountain y sus clientes para generar el fuego en los galpones 7 y 8 del local de la calle Azara y Quinquela Martín. 

Entre la frondosa comunicación pública del gobierno, existe un informe sobre las más de cien empresas que se radicaron en el distrito. Está prologado por dos artículos, uno de Francisco Cabrera y otro de Carlos Pirovano. En ese documento adelantan los beneficios fiscales y esquemas de promoción que se utilizaron para seducir a las empresas de radicarse en el sur porteño a través de la Ley porteña 2972 y la modificación que defendió IRM en 2010: prevé ventajas «para todas aquellas empresas dentro de la zona durante 15 años para pymes, y diez años para empresas extranjeras, además de exención de ingresos brutos, ABL y del pago de derechos de delineación y construcciones». 

«Esas opciones fueron ampliamente aprovechadas por la empresa que cabeza Lockhardt en el país. Dos años después de la ampliación de la Ley 2972 la empresa fue beneficiada en exenciones por 5 millones de pesos, en ingresos brutos y ABL, además de ganar otro millón de pesos mediante una licitación como proveedor de la Secretaría Legal y Técnica porteña para digitalización de datos, el elemento que utilizó IRM para sostener que era una empresa tecnológica. A eso se sumaron otros 990.610 pesos, adjudicados en 2009» para instalar un servicio de digitalización e indexación de fotogramas e imágenes para la mesa de entrada y salida de la Legislatura. Después vino otro contrato, en forma de adjudicación directa, para digitalizar archivos para la Dirección General de Mesa de Entradas y Salidas por otros 62 mil.

Los negocios adjudicados en la arqueología del gobierno porteño tienen un obstáculo legal que data de 2008, cuando la Dirección General de Protección del Trabajo impulsó dos inspecciones. Una «normativa» y otra de «higiene y seguridad», que derivó en una clausura. La empresa niega que haya existido ese control (ver aparte). Sin embargo, existe una razón de mucho peso para negarlo. Tiene que ver con la Ley 265, que establece las competencias de la policía del trabajo en la Ciudad. Su artículo 19, inciso e2 del artículo, determina que el empleador con faltas graves «quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en los registros de proveedores o aseguradores del Estado». Si las inspecciones realizadas en Azara hubieran prosperado, IRM nunca habría podido aspirar a obtener exenciones ni negocios con la comuna, pero tanto la empresa, como sus conocidos funcionarios porteños, lo niegan con el mismo empeño con el que olvidan la añeja trama de relaciones que la justicia aún no investigó a pesar de la pericia que confirma la intencionalidad en el incendio que se cobró diez muertos. 

El directorio de Iron Mountain está integrado por personas de fluido contacto con los dos hombres de Macri encargados de instalar empresas en el sur porteño. Su titular es Ricardo García, que anteriormente se desempeño en diferentes posiciones dentro de la tecnológica IBM. El gerente general de la firma es Lockhart, quien junto con García se tomaron varias fotografías en las inauguraciones del Distrito. El hombre en cuestión tuvo un paso de 13 años por la empresa Siemens, y su trayectoria incluye la época en que formó, junto con la Sociedad Macri (SOCMA) Siemens Itron, dedicada a digitalizar partidas de nacimiento para el sistema de documentos nacionales de identidad privados que desembocaron en un escándalo por coimas en Alemania. 

Otro de los directivos de IRM es Gustavo Álvarez, director financiero de la empresa de archivos. No casualmente, fue en 2005 directivo del Grupo Clarín, durante los años en que Cabrera hizo lo propio para La Nación. Egresado de la UADE, también se desempeño en Ernst & Young, la multinacional que en el marco del SwissLeaks está sospechada de intermediar en operaciones de evasión impositiva hacia paraísos fiscales. 

Cabe destacar que las empresas de Clarín vinculadas a la provisión de notebooks al gobierno de la Ciudad también están radicadas en el Distrito Tecnológico.

Sospechas de lavado de dinero

En mayo del 2014, a cuatro meses del siniestro en Barracas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), allanó distintos locales y oficinas de Iron Mountain en una investigación por presunto lavado de dinero. 

Se retiró documentación de las oficinas de la firma, en Alem al 600. Funcionaba allí el Estudio Jurídico y domicilio fiscal de la compañía. Otra de las oficinas allanadas fue la de Amancio Alcorta, en Patricios. 

La AFIP detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero. 

El año pasado, el fisco nacional denunció al HSBC, una de las firmas con más archivos quemados en Iron Mountain, por facilitar la evasión impositiva de 4040 cuentas de argentinos sin declarar en su sucursal de Ginebra. Dos de los comisarios del macrismo que se encargan en la Ciudad del vínculo con las empresas, fueron altos ejecutivos del banco que tiene sede central en Gran Bretaña.

Detrás de la asociación ilícita

La intencionalidad confirmada respecto del inicio del fuego en el depósito de Iron Mountain en Barracas, dejó abierta una investigación sobre las razones que llevaron a cometer semejante siniestro. Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), ya empezaron a entregar a la justicia y a la Fiscalía 37 que interviene en la causa, material que sustenta un presunto acuerdo entre Iron Mountain y sus clientes para eliminar en el incendio evidencias de potenciales delitos de carácter económico., 

En el depósito se quemó material de 600 empresas, 43 de las cuales están siendo seguidas por la característica del material archivado. Los más comprometidos con los bancos como el HSBC, el Patagonia, el BNP Paribas y el JP Morgan. Justamente, y tal como señala el titular de la UIF, José Sbatella, son estas las entidades que tienen en la Argentina causas vinculadas al lavado de dinero y la evasión.  En paralelo, también está investigada Sideco, la empresa de Franco Macri, que  perdió entre las llamas una caja con el rótulo de «Coimas Perú». En el caso del BNP y el JP Morgan se encontraron cajas con el rótulo lavado de dinero y material de cuentas off shore. Además de datos de fideicomisos de Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín.

Radicación en paraíso fiscal

Iron tiene casa matriz en Boston, pero el 99% de la filial argentina está radicada en Luxemburgo.

 

Fuente: infonews.com

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